Por: Jorge Luis Caloggero Encina
Ex Viceministro de Orden Interno
Especialista en Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Corrupción

Supongamos que una persona se encuentra cenando en un lugar determinado, disfrutando de la grata compañía de su familia, sintiéndose contenta y, al menos por un momento, alejada del estrés propio de la gran ciudad, pero justo en ese momento unos malhechores ingresan a robar en ese lugar, efectúan disparos para atemorizar a los comensales y, para su mala fortuna, una de aquellas balas recorre su mortal camino e impacta en el cuerpo del protagonista anónimo del relato, produciéndole heridas de extrema gravedad, que dejarán secuelas en su cuerpo y su alma.

El delito cometido implicará lastimosamente un serio deterioro de la salud física y mental de la persona, incluso de su comportamiento psicosocial. De ahora en adelante su vida ya no será la misma, ni la de su entorno familiar, a lo cual se sumarán los cuantiosos gastos que deberá afrontar y la imposibilidad física de trabajar, probablemente, por lo que le reste de vida.

No obstante lo terrible del cuadro descrito, en esa circunstancia seguramente la principal preocupación de la población y del Estado será la de conseguir un castigo para el delincuente, tratando que la pena sea lo más elevada posible, ¿y la víctima?, ¿cómo queda aquella persona que ha sufrido las consecuencias del delito?.

De hecho, esto no sólo ocurre en nuestro país, incluyendo el enfoque primordialmente orientado al delincuente, por lo cual el autor mexicano Correa García indica que en la justicia penal la víctima queda en una situación marginal o simplemente limitada a la participación como testigo en el esclarecimiento de los hechos, debiendo tener la oportunidad de ejercer sus derechos de acceso a la justicia, restitución, reparación, restauración, así como de asistencia y orientación en todo momento procesal.

En el Perú, se están desarrollando esfuerzos en relación a la atención de las víctimas de actos delictivos, como es el caso de las importantes acciones desarrolladas por el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros, que merecen nuestro reconocimiento.

No obstante ello, las acciones desarrolladas resultan siendo insuficientes frente a la magnitud del problema, por lo cual, en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, es necesario también que se estructure una política pública integral en relación a las víctimas de actos delictivos, que articule convenientemente los esfuerzos desarrollados por el Estado peruano, estableciendo estrategias diferenciadas frente a situaciones distintas (por ejemplo, no será igual el tratamiento a ser otorgado en los casos de violación sexual de aquellos correspondientes a la delincuencia común) y en la cual, enfatizando en una protección y asistencia integral de la víctima, también se posibilite una reparación adecuado del daño causado.

Es de vital importancia que este tema sea parte de la agenda gubernamental, atendiendo a la magnitud del problema de la inseguridad ciudadana, cuyas víctimas son parte de sus secuelas de dolor y destrucción.