Fuente : La República 

Vergüenza. Auditoría determinó que aprovecharon de su función pública para acceder a la inmunización con la vacuna china, lo que resulta grave porque al mismo tiempo participaban en las negociaciones con el Gobierno chino para que el Perú comprara el mismo producto que se les inoculó al margen de los ensayos.

Después de auditar la relación de 487 inmunizados con la vacuna Sinopharm al margen de los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Contraloría General de la República detectó en la lista a 122 funcionarios y servidores públicos, especialmente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras dependencias estatales. Los familiares de algunas de estas personas también fueron inoculados, por el solo hecho del vínculo consanguíneo.

El contralor Nelson Shack informó que lo primero que se hizo fue verificar la identidad de las personas que aparecían en la lista de 487 inmunizados, dando como resultado, descartando duplicados e identidades que no se encontraron en el Reniec, 470 personas inmunizadas con Sinopharm; 461 peruanos y 9 extranjeros.

Lo que significa que los funcionarios y servidores públicos que se valieron de su posición para acceder a la vacuna china, y sus familiares −en un número de 43−, representan el 35 por ciento del total. El resto son particulares.

’’Encontramos grupos familiares con relación de parentesco de segundo, tercer y cuarto orden. Son funcionarios públicos que no solo se han vacunado, sino que han hecho abuso de su cargo para vacunar a sus familias’’, señaló Shack, sin ocultar su contrariedad.

Vacunación masiva
La Contraloría investiga el caso de los 122 funcionarios y servidores públicos no solo porque fueron inmunizados fuera del programa de ensayos clínicos de la UPCH.

También busca determinar si la vacunación influyó en la decisión de estos cuando tuvieron que pronunciarse sobre la contratación de la empresa china Sinopharm.

’’No solo hay falta ética, se ha vulnerado una serie de normas, como la Ley Servir, el Código de la Función Pública, entre otras. Aquí tenemos responsabilidad administrativa. Además, encontramos a funcionarios públicos, además del expresidente Martín Vizcarra y los exministros que han tenido una vinculación clave en el proceso de negociación de la vacuna y firma del contrato. Ahí estamos hablando de delitos, de responsabilidades penales’’, precisó el contralor general de la República.

’’Hemos accedido a información de las Declaraciones de Aduanas de Mercancías. Son cuatro registros. Estamos recopilando la información para construir el caso. Nuestro principal interés es ver si, efectivamente, algunos de esos funcionarios son los que han participado en el proceso de importación de la vacuna (Sinopharm)’’, apuntó Nelson Shack.

Más de la mitad de la lista de 470 inmunizados fuera del programa de ensayos clínicos de la UPCH son personas particulares, sobre las que la Contraloría no cuenta con jurisdicción.

Preguntado sobre la responsabilidad de las autoridades de la UPCH y de los científicos que tuvieron a su cargo la administración del lote de las 2.000 vacunas que otorgó como ’’cortesía’’ el Gobierno chino −con las que fueron inmunizados los 122 funcionarios y servidores públicos y sus 43 familiares−, el contralor Shack recordó que se trataba de un tema del ámbito privado.

Torre Tagle alborotado

’’El ensayo clínico es una operación privada, por lo que la Contraloría no puede intervenir. Nosotros sí intervenimos en las operaciones solo del sector público. Por eso, desde el mismo momento en que se conoció que el expresidente Martín Vizcarra se vacunó de manera ilegal, se desplegaron las comisiones de control que han recopilado información sobre la participación de funcionarios públicos en las vacunaciones’’, explicó Nelson Shack.

Mientras tanto, fuentes de la Cancillería hicieron notar la gravedad del caso de los embajadores Elizabeth Astete, Jorge Jarama Javier Sánchez-Checa y del ministro Óscar Suárez Peña. Todos fueron parte de las negociaciones para la contratación de Sinopharm y, sin embargo, fueron inmunizados con el mismo producto. Sin duda, no debieron hacerlo no solo por razones éticas, sino porque eran parte del equipo peruano ante la representación de la República Popular China.

Las fuentes compararon el caso del exembajador Fortunato Quesada Seminario, a quien se le atribuyó haber faltado de palabra a trabajadores en la Embajada del Perú en Israel, y fue rápidamente sancionado con la destitución, no obstante que no se le atribuyó delito. En cambio, a los diplomáticos mencionados se les atribuye presuntos ilícitos, pero solo han sido removidos de sus cargos.

Un mes antes de que inicie el ensayo clínico de Sinopharm en Perú, la comisión multisectorial encargada de la compra de vacunas contra el Covid-19 pasó del sector Salud a la Cancillería. Desde el 10 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó el control de las negociaciones. La llegada de vacunas chinas para el estudio se dio en setiembre.

De acuerdo con fuentes de la Cancillería, las dos personas más influyentes en la negociación, los embajadores Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Javier Sanchez Checa, exjefe de gabinete de la misma institución; fueron vacunados producto de su preferencia con el laboratorio chino Sinopharm.

El primer diplomático hizo que vacunaran también a su esposa, su cuñado y su suegro.

Otro diplomático ligado al proceso de compra, Oscar Suárez, representante ante la Presidencia del Consejo de Ministros, también fue inmunizado.

Fuentes de La República indican que Cancillería le ha solicitado que vuelva a Lima, ya que se encontraba como embajador destacado en el consulado de Vancouver, Canadá.

Respecto a las sanciones para los ocho diplomáticos, la premier Violeta Bermúdez ha declarado que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que se encargue directamente del proceso disciplinario, ya que el Servicio Diplomático castiga bajo otros estándares.

La ruta china

Por otro lado, respecto a las 1.200 dosis de Sinopharm que la Universidad Cayetano envió directamente a la Embajada de la República Popular de China en Lima, fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicaron que no era posible exigir a la representación diplomática la lista de beneficiados.

Según la Convención de Viena, los diplomáticos extranjeros gozan de plena inmunidad, lo que significa que la justicia peruana no puede solicitar información.

Las fuentes advirtieron que cualquier acción que podría afectar las relaciones entre la República Popular China afectaría el proceso de contratación de 37 millones de dosis restantes de las vacunas chinas.

De acuerdo con fuentes de este diario, parte de las 1.200 dosis para 600 personas que recibió la embajada china en el país podrían haber sido destinadas al personal de la legación diplomática, así como a funcionarios de las diversas empresas chinas en el país, especialmente en el sector de la minería. Pero es prerrogativa de la embajada asiática compartir o no información con las autoridades peruanas.

Candidata fujimorista fue vacunada con Sinopharm

La campeona nacional de marinera y candidata fujimorista al Congreso por Fuerza Popular, María Olórtegui Risco, aparece en la relación de vacunados con Sinopharm al margen de las pruebas clínicas de la UPCH.

María Olórtegui, psicóloga de profesión, recibió la primera dosis el 12 de febrero de este año, en la clínica Sanna, en Trujillo, donde reside. Sorprendentemente, dicha clínica no atiende casos de enfermos por el Covid-19.

Según lo que ha declarado a medios trujillanos, desde Lima enviaron la dosis para ella, pero no supo explicar los motivos, ya que la candidata fujimorista no se encuentra en la primera línea de lucha contra el Covid-19.

Increíblemente, la candidata de Keiko Fujimori escribió en su Twitter: ’’Lo que nos está matando no solo es el Covid-19, es la incapacidad del gobierno’’