Expresidente del Tribunal Constitucional explicó que ahora el pleno del Congreso debe autorizar la detención del legislador para que sea recluido

La sentencia de cinco años de prisión contra el congresista Edwin Donayre por el robo de gasolina cuando era comandante del Ejército Peruano debe cumplirse, ya que es una resolución en última instancia del Poder Judicial, dijo el ex presidente del tribunal constitucional, Óscar Urviola.

«Es una sentencia definitiva, firme y en última instancia y solo queda que Donayre cumpla la pena de prisión, sin perjuicio de que pueda iniciar un proceso de hábeas corpus pero antes tendrá que acatar la orden emitida por la Corte Suprema», dijo Urviola.

Óscar Urviola explicó que, tras la decisión del Poder Judicial, corresponde al pleno del Congreso levantar el fuero parlamentario de Edwin Donayre y autorizar su detención por la policía para que se proceda a su reclusión en un penal.

EN CONTRA DE MODIFICAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

De otro lado, el exmagistrado del TC se expresó en contra de las propuestas para hacer cambio en la aplicación de la prisión preventiva, como proponen algunos legisladores. «No me parece que las modificaciones a los códigos, en este caso el de Procedimientos Penales, se realice en situaciones coyunturales ya que puede haber apasionamientos o intereses», alertó.

Agregó que, si bien algunas resoluciones de detención preliminar o prisión preventiva han sido consideradas excesivas, la decisión es responsabilidad de los jueces que no habrían evaluado la situación de cada caso.

Anotó que cualquier modificación podría favorecer situaciones particulares, por eso reiteró su pedido para no hacer cambios a la norma y más bien se debe exigir a los jueces que actúen con razonabilidad, proporcionalidad y que tengan en cuenta los derechos de los procesados en base a la presunción de inocencia.

Urviola agregó que los jueces pueden establecer plazos menores a los solicitados por los fiscales, y para eso tienen que evaluar el tipo de presunto delito, las circunstancias en las que habría ocurrido y el número de participantes. «El código ha establecido los plazos máximos y el juez es el encargado de determinar el que debe corresponder en cada caso», comentó.