Abogado y analista político Ángel Escalante afirma que esta situación merma credibilidad y posibilidades de cruces a gobernación regional de Tumbes
RCR, 17 de noviembre 2018.- La sentencia impuesta por la justicia a Segismundo Cruces Ordinola, candidato a la gobernación regional de Tumbes por Democracia Directa, por su implicancia en presuntas irregularidades en la ejecución de una carretera, merma su credibilidad y sus posibilidades, estimó el abogado y analista político Ángel Escalante.
“Definitivamente. No es la mejor carta de presentación ir a una segunda vuelta con una sentencia penal. Yo creo que ahí merma bastante sus posibilidades y su credibilidad. Y, obviamente, el respaldo popular”, subrayó.
En setiembre de este año el segundo juzgado unipersonal de Tumbes condenó a ocho años de cárcel a Segismundo Cruces Ordinola, actual candidato por Democracia Directa, por el delito de colusión agravada en la obra “Rehabilitación de la carretera Cabuyal – El Prado, cañón El Tigre en Pampas de Hospital”, que se ejecutó durante la gestión del expresidente regional Gerardo Viñas Dioses. Cabe mencionar que en ese momento Cruces se desempeñaba como residente de la obra.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Escalante cuestionó también la situación singular presentada en la región y quizás única, a nivel nacional, de tener a los dos candidatos a la gobernación regional con cuestionamientos judiciales y procesos penales.
“En Tumbes hemos tenido, en los últimos gobiernos regionales, personas que han tenido el yugo de los procesos penales a sus espaldas (y) que han salido elegidos. El caso del señor (Gerardo) Viñas, por ejemplo, que fue indultado. Y el caso del señor (Ricardo) Flores, que fue rehabilitado. Entonces, no es algo que pese mucho en la moral del elector, el hecho del cuestionamiento penal que puedan tener los candidatos”, enfatizó.
Respecto al contendor de Cruces Ordinola, el postulante del Movimiento Regional Faena, Wilmer Dios Benítez, refirió igualmente que tiene investigación preliminar, a nivel de la Fiscalía Anticorrupción de Tumbes, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, respecto a la ejecución de una obra de mejoramiento de la infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial en el barrio San José, que terminó abandonada por una serie de irregularidades.