Fuente: Diario El Tiempo de Piura

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, algunos funcionarios de la Dirección Regional de Transportes, que son investigados por pertenecer a la organización “Los Tramitadores de Piura” habrían citado a sus domicilios algunas personas que beneficiaron con la venta de brevetes, para efectuar los cobros.

Según lo expuesto por el fiscal adjunto Javier Ocaña Ocampo, en el segundo día de la audiencia de prisión preventiva, una de estas personas es el evaluador Gilberto Távara Lizana, quien, según las escuchas telefónicas presentadas, habría citado a una persona a su vivienda en el asentamiento La Primavera para acordar un pago a cambió que lo ayude en el examen de manejo.

Al respecto, Cecilia Pizarro, abogada de Távara Lizana, advirtió que no existe ninguna escucha telefónica que indique que su defendido haya recibido pago alguno tanto en el exterior como el interior de su domicilio.

“Es un hecho de convicción que el Ministerio Público no ha podido acreditar bajo ninguna circunstancia. Lo que la Fiscalía está valorando son extractos de la comunicación y no la comunicación completa”, dijo la abogada.

El Ministerio Publico sostiene que los evaluadores operaban bajo las órdenes de Mitchel Julca García, quien se desempeñaba como director de Circulación Terrestre y Gladys Echevarría de García, quien era jefa de la Unidad de Circulación y Seguridad Vial.

Hasta el cierre de nuestra edición continuaba la audiencia de prisión preventiva contra 21 implicados en este caso.

Sin embargo, hasta ayer solo se habían expuestos los caso de siete de los investigados.