Representante de los servidores del Lote 192, Miguel Vela, denunció también que la constante vandalización del Oleoducto, y la rotura de sus tuberías, forma parte de una acción concertada de mafias locales de empresarios y malas autoridades ante la falta de una real presencia del Estado.   

RCR, 11 de febrero 2019 .-  Los representantes de los trabajadores del Lote petrolero 192 de Loreto, exigieron, en Lima, al presidente Martín Vizcarra y las principales autoridades de su gobierno la inmediata reanudación de las actividades del Oleoducto Norperuano, ante la desatención de sus demandas por una “Mesa de Trabajo”, instalada por el Ejecutivo en Iquitos.

“Hemos elevado dos memoriales.  Se formó una Mesa de Trabajo, conjuntamente con las autoridades de Iquitos. Aquí se hizo entrega del segundo memorial para que ellos tomen las decisiones inmediatas, de acuerdo al primero. Pero no encontramos la respuesta inmediata, de parte del Ejecutivo”, subrayó el representante de los trabajadores del Lote 192, Harrison Pinedo.

Ante esa situación, agregó: “siguiendo las instrucciones de los trabajadores petroleros de Loreto, decidimos venir a la capital y conversar directamente con el gobierno para que, de una vez por todas, se dé la reactivación del Oleoducto Norperuano, para que se vuelva a reactivar la actividad económica del país”.

Tras recalcar que desde bastante tiempo las actividades petrolíferas están paralizadas en la zona, específicamente del 60 % de la Región Loreto, el dirigente explicó que ello ha provocado un déficit mensual en los ingresos habituales del canon petrolero de S/ 16 000 000 (dieciséis millones de soles), de un total S/ 18 000 000 (dieciocho millones de soles) y la pérdida de 840 000 barriles de petróleo en los más de 70 días de paralización de labores.

En relación a la declaratoria del Estado de Emergencia, en dos distritos de la provincia de Datem del Marañón, Pinedo, precisó que esta medida gubernamental ha sido aplicada en otro punto, y no en la zona que los afecta directamente, que es el kilómetro 193.

“El gobierno está tratando de agotar las conversaciones y diálogo (con las comunidades nativas). Es otro punto donde se ha decretado la zona de emergencia. Sería importante que en el kilómetro 193 se declare esto y, de una vez por todas, se pueda afectar el tramo (del Oleoducto) que está afectado”, apuntó.

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 60 días, a través de una medida extraordinaria, para las localidades de Santa Rosa y Chapis, del distrito de Manseriche, ubicados en el Datem del Marañón (Loreto).

La medida se rige por peligro inminente a consecuencia de contaminación de agua, ante un derrame de petróleo en los kilómetros 323 y 221 del Oleoducto Norperuano, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción “del muy alto riesgo”.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), el representante de los servidores del Lote 192, Miguel Vela, denunció también que la constante vandalización del Oleoducto, y la rotura de sus tuberías, forma parte de una acción concertada de mafias locales de empresarios y malas autoridades locales para usufructuar del presupuesto destinado a la remediación medioambiental de las zonas en las que operan las empresas petrolíferas y pasa el Oleoducto Norperuano, ante la falta de una real presencia del Estado.

“Es de conocimiento local que ésta no solo una problemática social, sino de intereses económicos particulares, dentro de esta cadena productiva de la remediación; y de algunas ONGs que azuzan a la población para realizar estos actos vandálicos. Desde que ocurren estos actos vandálicos y el corte de las tuberías, se articula toda una organización para beneficiar a empresas y ciertas autoridades. Las empresas pagan ´cupos´ a las autoridades, con la finalidad de que estás direccionen y se beneficien de la remediación”, enfatizó.

En cuanto a las razones del deterioro del oleoducto, Vela especificó que las especificaciones técnicas, válidas para los últimos diez años, fijan en un 60 %  por causa humana; es decir, como consecuencia de atentados y otras acciones vedadas; mientras que el porcentaje restante es debido a diversas contingencias de la naturaleza, como la erosión o movimientos telúricos, entre otros.

A su turno, el representante Dustín Valderrama expresó el respaldo de los trabajadores a la demanda de las comunidades nativas al gobierno central para que éste último cumpla con ejecutar la remediación de todos los pasivos ambientales, antiguos y actuales, que han impactado a sus áreas de influencia.

“Nosotros no tenemos nada contra las comunidades nativas. Son loretanos, al igual que nosotros: La actividad petrolera desde sus inicios ha generado ciertos impactos, debido a que la legislación de esos años no regulaba esta actividad, para una extracción sostenible con el ecosistema. Los entendemos en esa posición de protestar por los pasivos ambientales. Por eso, es que parte de nuestras exigencias es que el Estado debe cumplir con sus compromisos”, puntualizó.

Respaldo a “militarización” del Oleoducto

Por su parte, Elmer Pintado invocó a la administración de Martín Vizcarra el urgente cumplimiento del artículo 137, relativo a los estados de excepción o emergencia, que faculta el Poder Ejecutivo encargar las Fuerzas Armadas la protección de las instalaciones estratégicas, como es el caso del Oleoducto Norperuano.

“Está claro. En la Constitución hay un respaldo a que, en este caso, y en un Estado de Derecho, sí tiene que presencia de las Fuerzas Armadas (en las zonas estratégicas). No para repeler o ir al cuerpo a cuerpo. Es para dar tranquilidad y se puedan ejecutar los trabajos con normalidad. Porque es bien entendido que estas personas, que son ajenas a las comunidades oriundas, siempre van a tratar de perturbar, de alterar el orden. Y para eso están los entes militares y la Policía”, aseveró.

Sanción para autores de rotura del ducto y derrame de 8 mil barriles de crudo

El dirigente Vela cuestionó también la “tenue” actuación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en el tratamiento de la situación en la provincia del Datem de Marañón, especialmente sobre la rotura del ducto, en la zona de Mayuriaga, que ha provocado el derrame de más de ocho mil barriles de petróleo, y por el demandó el castigo de los culpables de este desastre ambiental.

“Pero en el caso de Mayuriaga, donde se evidencia un acto vandálico y criminal, hasta el momento el gobierno no ha llegado hasta allá, de forma efectiva. Fue una Comisión a la zona, hace varias semanas, pero no la dejaron ingresar. No sé cuál será la estrategia del gobierno… Esperemos que el camino del diálogo sea el camino eficaz. Y que se levante la medida allí y que pueda entrar la parte técnica reparar el ducto. Pero, más allá de una solución pacífica, es importante que se castigue a los culpables, porque no puede quedar impune… ocho mil barriles botados en la Amazonía”, remarcó.

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