Fiscal Supremo y director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (CAIMP), Tomás Gálvez, manifestó que el anteproyecto modificatorio de la ley rondas campesinas busca cubrir una serie de vacíos normativos que afecta la operatividad de esta institución, fundamentalmente la relativa a la potestad jurisdiccional de las rondas.
RCR, 22 de julio 2019. -La incorporación de las rondas urbanas en el anteproyecto de Ley que modifica la Ley Nº 27908-Ley de Rondas Campesinas, es vital para potenciar la seguridad ciudadana en el país, especialmente en las ciudades del Perú, destacó el Fiscal Supremo y director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (CAIMP), Tomás Gálvez.
“Estamos apoyando para incorporar, en la Ley de Rondas Campesinas, a las rondas urbanas. Para ello se está elaborando un anteproyecto de Ley que, en los días 9 y 10 de agosto, que tenemos el III Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, Nativas, Comunales, y Urbanas del Perú, precisamente en el distrito de San Juan de Lurigancho, esperamos tener(lo) listo, para presentarlo al Congreso”, subrayó.
El Ministerio Público (MP), a través del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (CAIMP), realizó del 31 de mayo y 1 de junio de 2019, en Chota (Cajamarca) el “II Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, Nativas, Comunales, y Urbanas” con el fin de consolidar el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley Nº 27908-Ley de Rondas Campesinas, que incluirá a las Rondas Urbanas”.
“En tal condición, estamos apoyando el trabajo que vienen realizando las rondas campesinas, a nivel nacional. Y, últimamente, (el de) las rondas urbanas, que se han organizado en Lima y en distintos lugares del país. Especialmente, al proyecto piloto que juramentó en el mes de marzo del presente año, en San Juan de Lurigancho”, anotó Gálvez.
Al respecto, el representante del Ministerio Público destacó que desde el pasado mes de marzo en que ha iniciado sus trabajos la referida ronda de campesina del distrito de San Juan de Lurigancho, se ha logrado establecer en alrededor de una treintena de bases urbanas en dicha circunscripción, las cuales –anotó- “están trabajando con bastante entusiasmo y ahínco”.
“Las rondas urbanas son la única y última alternativa que tenemos para vencer a la delincuencia, especialmente a la inseguridad ciudadana, que es uno de los más grandes problemas que nos aqueja ahora, en la ciudad capital. Y también en todo el país”, expresó.
En declaraciones al programa “Actualidad Rondera” de Red de Comunicación Regional (RCR), Gálvez manifestó también que el anteproyecto modificatorio de la ley rondas campesinas busca cubrir una serie de vacíos normativos que afecta la operatividad de esta institución, fundamentalmente la relativa a la potestad jurisdiccional de las rondas.
“Asimismo, la gran queja es que, una vez que las rondas campesinas resuelven los problemas de su comunidad, con la administración de justicia, en los casos específicos, la persona que está descontenta con la decisión de las rondas, recurre a la autoridad ordinaria, con lo cual se desconoce el trabajo de las rondas y se desperdicia toda la producción y en rendimiento práctico que tiene y debe tener el trabajo de las rondas campesinas”, puntualizó.
Ante esta situación, señaló que la principal petición de las rondas campesinas es la de establecer, en forma expresa, que sus decisiones tengan la calidad de “cosa juzgada”, “de tal forma que todas las autoridades las reconozcan y ninguna trate de dejarlas sin efecto”.
“Por eso es que en el anteproyecto de rondas campesinas y urbanas, lo primero que se está proponiendo es la ley de rondas campesinas y urbanas establezca, en forma expresa, que las rondas tengan potestad jurisdiccional. Y, en segundo lugar, que sus decisiones tengan la calidad de cosa juzgada, de tal forma que ninguna autoridad pretenda dejarla sin efecto. Es decir, que todas las autoridades reconozcan la decisión de las rondas”, enfatizó.
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