RCR, 12 de enero de2024.- Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que todos los peruanos tendrán que pagar un eventual rescate económico de Petroperú y originará que se dejen de destinar recursos para resolver problemas esenciales de la población, como la falta de servicios básicos de salud, educación, saneamiento, seguridad, etcétera. Sostuvo que el Gobierno está demostrando una incapacidad para controlar el gasto público.
“Petroperú es un claro ejemplo de porqué es muy mala idea que el Estado sea empresario, que el Estado se involucre en actividades para las cuales no necesariamente tienen las mejores capacidades para hacerlas. Si a una empresa pública le va mal por una ineficiente administración y gestión, como la que estamos viendo en el caso Petroerú, las pérdidas las terminan asumiendo todos los peruanos con los impuestos que pagamos”, dijo en la secuencia “Radar económico” de RCR.
Recalcó que el Estado peruano va a dejar de financiar servicios básicos y necesarios para la mayoría de la población, como educación, salud seguridad y otros aspectos claves en la vida cotidiana de la gente, solo para destinar más recursos hacia una empresa que no está generando ganancias para el país.
Alertó que, en medio de una recesión y también de la peor contracción de los ingresos fiscales de las últimas décadas, el Ministerio de Energía y Minas y Petroperú han solicitado que el Gobierno apoye a la empresa estatal con alrededor de 2550 millones de dólares. “Son 1900 que provienen del aporte de capital y después el restante proveniente principalmente de un crédito que quiere solicitar de manera garantizada con respaldo del tesoro público”, precisó.
“Esto se da luego de haber recibido un rescate de más de 4000 millones de soles en noviembre de 2022. Esto evidencia principalmente la compleja posición financiera en la que se encuentra la petrolera estatal, que según estimaciones recientes habría registrado entre el 2022 y 2023 los resultados económicos más negativos de los últimos 30 años”, expresó.
Sostuvo que la única manera que Petroperú pueda generar un mínimo de confianza es transparencia en la rendición de cuentas de sus recursos. “Se ha invertido mal, pero a partir de ahora esta propuesta técnica debe orientarse a que el plan de reestructuración, sobre el cual de alguna manera se está condicionando las transferencias de nuevos recursos, pueda ser presentado en detalle de la manera más transparente para conocer qué medidas plantean en aspectos fundamentales”, apuntó.
Remarcó que el Gobierno está mostrando que no tiene la suficiente capacidad para contener mayores embalses de gasto público, que se están generando desde diferentes frentes. “Lo teníamos con el Congreso a fines del año pasado con la aprobación de una ley de presupuesto dejada al último minuto y con un incremento fuerte en las partidas más rígidas de gasto público y ahora lo estamos viendo por el lado de Petroperú”, precisó.
“Esa capacidad de contener contingencias fiscales se está viendo limitada y también se está ofreciendo indicios de una incipiente erosión de la institucionalidad fiscal del país. La prudencia con la cual se ha manejado las finanzas públicas a lo largo de las últimas tres décadas se está perdiendo por este tipo de contingencias o por el hecho de tener una empresa estatal que no se maneja con los estándares que se requiere, que no generan ganancia y está generando más bien pérdidas que están siendo asumidas por todos los peruanos”, subrayó.
