Fuente: Diario Gestión
Concesionarias Quavii y Naturgy reclaman mayor participación en el mercado industrial, de lo contrario impactaría en tarifas residenciales. Sin embargo, comercializadoras de GNC ofrecen tarifas más competivas para las industrias y piden no se afecte su libertad de empresa.
El Ministerio de Energía y Minas ( MEM) prepublicó un decreto supremo que tiene como objetivo retirar a las empresas que comercializan gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), a través de camiones, de las regiones del Perú donde ya existen concesiones con menos de doce años de antigüedad para distribuir gas.
La iniciativa, que culminó la recepción de comentarios el pasado 2 de mayo y que podría oficializarse en las próximas semanas, ha generado una pugna entre las empresas concesionarias y las empresas comercializadoras por el mercado de distribución industrial de gas en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Arequipa y Tacna.
Con la regulación propuesta por el Minem y ante un eventual retiro de las comercializadoras, se elevarían las tarifas de gas natural para las empresas de estas siete regiones que aún se abastecen a través de camiones, e incluso podrían elevarse las tarifas del gas natural vehicular (GNV).
El descreme del mercado
La prepublicación tiene como fin modificar el DS 057-2008-EM, el cual se encuentra vigente y autoriza la comercialización de GNC y GNL “en todo el territorio nacional, incluso en aquellas zonas donde exista concesión de distribución de gas natural por red de ductos”. Ahora, en pleno 2019 y con redes de ductos subterráneas ya instaladas por las concesionarias, el Ministerio de Energía y Minas buscará restablecer el derecho de exclusividad que tienen las concesionarias para suministrar el gas natural a los clientes industriales dentro de sus zonas de concesión.
Para ello, se establece un mecanismo de comunicaciones entre las empresas comercializadoras, quienes deberán reportar a las concesionarias y al MEM el momento en que culminen sus contratos comerciales. En caso deseen renovarlos, deberán contar con la autorización de la concesionaria, quien informará si ya se encuentra disponible para suministrar gas al cliente de la comercializadora o en todo caso, en cuánto tiempo podrá hacerlo para que la eventual renovación del contrato no colisione con el inicio de la conexión del cliente industrial a la concesión.
Esta medida se prepara teniendo en cuenta que el esquema de subsidio cruzado, utilizado para masificar el gas natural en el Perú, hace imprescindible que las concesionarias puedan suministrar gas a las industrias – que son los consumidores de mayor rentabilidad- para así compensar la baja rentabilidad del suministro de gas residencial. Es decir, con esta norma se busca evitar el descreme o ‘cream skimming’ del mercado, ya que el subsidio cruzado no sería sostenible y los concesionarios enfrentarían problemas para cumplir con sus obligaciones de masificar el gas a las familias peruanas.
El problema es que, en la mayoría de las regiones involucradas, las tarifas industriales de los concesionarios son hasta un 40% más caras que el GNC o el GNL que trasladan las comercializadoras en camiones desde Lima o Pampa Melchorita.
Las concesionarias
Miguel Maal, gerente general de Quavii, empresa concesionaria en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash, explica que, en el 2014, cuando se firmó la concesión, las tarifas industriales de las comercializadoras y la empresa concesionaria eran similares. Sin embargo, luego hubo una “reducción sistemática” de la tarifa por parte de las comercializadoras. “A la fecha hay precios por debajo y por encima del nuestro”, mencionó.
Además, indica que la Concesión Norte fue estructurada con un 90% del volumen distribuido de gas natural para el sector industrial. Sin embargo, actualmente las industrias solo representan el 30% de su volumen entregado. Por ello, Maal destaca la iniciativa del MEM y estima que tendría un efecto real sobre el mercado en un plazo de 5 a 7 años, es decir que ese 60% del volumen que se encuentra en manos de las comercializadoras de GNC y GNL pasaría a Quavii en dicho periodo de tiempo.
“Esta medida también tiene un impacto favorable sobre la tarifa residencial ya que debido al descreme del mercado, en caso no se dieran los volúmenes ni los precios originalmente planteados para la distribución de gas natural por red de ductos, la tarifa del servicio subiría en forma considerable en el segmento residencial”, dijo Maal a Gestión.pe
Por su parte, Gerardo Gómez, gerente general de Naturgy, empresa concesionaria de Arequipa, Moquegua y Tacna, sostiene que hay un 30% del mercado industrial dentro de su zona de concesión, principalmente Arequipa, que se encuentra en manos de las comercializadoras de GNC y GNL, quienes tienen tarifas 40% menores a las suyas. Naturgy ya suministra gas natural a 12,000 clientes residenciales, un 20% por encima de su meta anual.
Gómez indica que, a pesar de que las tarifas de Naturgy están reguladas por contrato, la empresa recurre a los descuentos como estrategia comercial para intentar ganar mercado.
Estos descuentos a la tarifa, explica, afectan financieramente a la empresa, pues reduce el margen destinado para cubrir las inversiones y los costos operativos de la empresa.
“Las concesionarias tenemos obligaciones contractuales de conectar clientes residenciales y, además, regulatoriamente tenemos una serie de obligaciones como tener centro de atención de urgencias, centro de atención al cliente, tener la facturación detallada, entre otros. Entonces, se nos quita mercado industrial en una competencia que es asimétrica y que además va en contra de la Política de Estado de la Masificación de Gas Natural”, aseveró.
Desde el otro lado
En contraparte, Ricardo Yépez, gerente legal y de cumplimiento de Lima Gas, una de las comercializadoras de gas más grandes del país, sostiene que la norma que prepara el Minem va en contra de los artículos 59, 61 y 62 de la Constitución Política, pues “se está creando un monopolio legal” y se estaría atentando contra el derecho a la libertad de empresa. Además, dice Yepez, el Estado no estaría cumpliendo su rol de vigilante y facilitador de la libre competencia.
El representante de Lima Gas niega que la norma prepublicada por el Minem legalice el monopolio natural de la distribución de gas. Por el contrario, añade que también se afecta la libertad de contratar de los clientes industriales, pues se les estaría obligando a contratar con las empresas concesionarias con una tarifa que no resultaría competitiva. Yépez aclara que los contratos de concesión no otorgan derechos exclusivos de comercialización de gas.
“En Lima hemos tenido clientes donde nos hemos retirado cuando ha llegado el ducto porque no teníamos tarifas competitivas y porque te riges a las reglas del mercado. (…) Nosotros somos una empresa que ha invertido más de US$ 50 millones y que, con esta norma, de la noche a la mañana, se va a perjudicar”, mencionó Yépez y sostiene que el MEM no buscó el consenso de ambas partes para preparar la normativa.
Para Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp), el problema central es el esquema de subsidio cruzado, el cual, dice, ha fracasado, pues el 80% de las industrias están en Lima. Lazo agrega que en países como Colombia o Argentina la llegada del gas natural por ductos siempre resulta más eficiente, por lo cual consigue tarifas más competitivas que las comercializadoras de GNC y GNL, logrando así sacarlos del mercado en base a la libre competencia.
Desde el gremio de grifos, como tercero interesado -pues se abastecen de camiones para comercializar GNV en estas siete regiones- el precio de este combustible vehicular tendería al alza con la norma que prepara el Minem. Lazo considera que la situación es aún más grave para su sector si es que se tiene en cuenta que la demanda por GNV a nivel nacional caería por primera vez este año y llegaría al 2021 con una caída de 13%, debido a la disminución de vehículos que se convierten su sistema de combustible a GNV.
“Si es que las concesiones tuvieran un precio mejor que el de los GNC no se necesitaría esta norma. Si están buscando esta norma es porque el precio del GNV va a ser más alto que con el suministro de los GNC”, dijo el representante de Agesp.
A tres meses de la adjudicación del proyecto de masificación de gas en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, conocido como proyecto Siete Regiones, y con la meta de alcanzar 1.5 millones de hogares beneficiados con gas natural al 2021; el Ministerio de Energía y Minas tiene una gran controversia por resolver.
