Decano del Colegio de Profesores afirma que se ocultan delitos de altos funcionarios.

RCR, 16 de julio de 2016.- El Colegio de Profesores de Piura planteó al gobernador Reynaldo Hilbck ordenar una auditoría integral en las doce UGEL de la región porque hay numerosos casos de corrupción e impunidad, manifestó William Bayona Martínez, decano de esa orden profesional.

En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, el representante dijo que generalmente las investigaciones sobre casos de corrupción en las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Piura señalan responsabilidades subalternas de docentes pero nunca la responsabilidad central de altos funcionarios que por la naturaleza misma de sus puestos forzosamente tuvieron que estar involucrados.

Por ejemplo, la Oficina de Control Interno de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) detectó en la UGEL Paita un desfalco ascendiente a 173 mil soles que involucra a un grupo de docentes, sin embargo –señaló Bayona Martínez- hay indicios de que se está ocultando la identidad de los principales responsables del delito –funcionarios de alto nivel- quienes manejaron el desvío de recursos, dieron órdenes de transferencias, etc.

Añadió que no sólo es necesaria una auditoría en la UGEL Paita sino que en vista de otras denuncias, también se debe auditar la gigantesca Unidad Ejecutora 300 –que agrupa cuatro UGEL, de Sechura, La Unión, Piura y Tambogrande- y en conjunto, a las restantes UGEL de Piura.

En ese tenor, el Colegio de Profesores se ha pronunciado y ha cursado sendas solicitudes al gobernador Reynaldo Hilbck y a la Oficina de Control Interno de la DREP.

Observó que la UGEL de Paita es una de las más pequeñas de Piura, administra menos de 400 centros escuelas, mientras que la Unidad Ejecutora 300 es mucho más grande, maneja enormes cantidades de dinero y está cuestionada por una serie de denuncias.

Dijo que no hay una voluntad clara y contundente de auditar la Unidad Ejecutora 300 ni otras para detectar la corrupción al nivel más alto y “poner al descubierto a los peces gordos”.

Entre otros ejemplos, el decano de profesores expresó su estupor ante un informe suministrado por el Ministerio Publico que revela que de los treinta y tres postulantes a las doce direcciones de las UGEL de la región, diez están procesados –o lo fueron- por delitos de administración pública, peculado, malversación de fondos, nombramientos ilegales, usurpaciones de funciones, etc.

En ese sentido, hizo un llamado al gobernador Hilbck y a los titulares regionales de Desarrollo Social y de Educación “actuar correctamente” y no permitir que estas personas con esos antecedentes tengan la posibilidad de acceder a las direcciones de las UGEL.