Superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Juan José Garazatúa, manifestó también la necesidad de fortalecer la acción del sistema judicial, que es muy deficiente en la actualidad, en el combate al fraude inmobiliario y al tráfico de terrenos, perpetrados por las organizaciones criminales delictivas dedicadas a estas ilícitas acciones, como la red Orellana, por ejemplo.   

RCR, 17 de julio 2019 .-  El delito de fraude inmobiliario que afecta a muchas familias peruanas, fundamentalmente la de modestos recursos económicos, puede ser fácilmente prevenido y conjurado por la población con la afiliación automática y gratuita el sistema de alerta registral, establecido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), destacó el superintendente adjunto de este organismo, Juan José Garazatúa.

“Existe un mecanismo bastante sencillo, que es la alerta registral. Si soy propietario de un bien y me inscribo en este sistema de alerta registral, lo que va a suceder es que me van a informar si algo se quiere hacer con mi derecho inscrito. La alerta registral es un sistema sencillo y gratuito. La ciudadanía, por desinformación, por poca difusión o desinterés de estos temas legales, no toma estas precauciones”, subrayó.

Informó que la afiliación es un proceso muy simple. “Yo me afilio al sistema de alerta registral, a través de la página web de la SUNARP, vinculo mi propiedad inscrita a mi correo electrónico, y cuando ocurra algún movimiento con mi propiedad inscrita o alguien quiera inscribir algo, me va a llegar una alerta. Entonces, yo puedo saber en ese momento si algo está pasando”, especificó.

Agregó que si se trata de un movimiento normal o legal, el usuario podrá estar tranquilo, pero si trata de un movimiento que no ha autorizado, en el que se está utilizando falsamente su identificación y alguien está pretendiendo ejecutar una acción fraudulenta, el afectado podrá intervenir para que se impida la consolidación del delito.

El exsecretario general del Ministerio Público indicó igualmente que existen otros mecanismos adicionales de prevención, como la inmovilización de la partida registral de propiedad, recomendado para los usuarios que no van a hacer movimientos del bien inmobiliario.

“Ocurre muchas veces que estas organizaciones (delictivas) identifican propiedades de personas que no están en el país, enfermas o que han fallecido y los herederos no han regularizado la situación del bien. En estos casos, cuando uno no va a hacer movimientos del bien, puede congelar la partida, puede inmovilizarla. Para que no ingrese ningún acto que pudiese ser fraudulento. Esta inmovilización es como un seguro de protección”, detalló.

De igual modo, señaló que los notarios públicos tienen facultades especiales para advertir posibles actos fraudulentos en las escrituras públicas.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Garazatúa manifestó también la necesidad de fortalecer la acción del sistema judicial, que es muy deficiente en la actualidad, en el combate al fraude inmobiliario y al tráfico de terrenos, perpetrados por las organizaciones criminales delictivas dedicadas a estas ilícitas acciones, como la red Orellana, por ejemplo.

“Allí hay un problema que falta fortalecer, que es la parte judicial. Cuando se descubre un hecho de esta naturaleza, lo que debe ocurrir es que tras la comunicación del hecho delictivo, lo que viene es la declaración de las autoridades judiciales. Sin embargo, advertimos que aún el sistema judicial no responde con eficacia a esta situación legal. Conozco situaciones que tienen cinco años o más sin sentencias, porque los jueces siguen dándole crédito a la formalidad. Y (eso) no es posible”, puntualizó.

Al respecto, advirtió que basta la declaración que basta con la declaración del funcionario administrativo sobre el acto delictual, para que el disponga la nulidad del referido acto y las acciones penales contra los responsables; pero al no haber una respuesta del sistema punitivo del se favorece el crecimiento del sistema delictivo en estos hechos.

Tras calificar de “bastante delicada” la modalidad delictiva de la venta ilegal de inmuebles y fraudes inmobiliarios, perpetrada por organizaciones delincuenciales “especializadas” en estos ilícitos, consideró como imprescindible la adopción de medidas de prevención por parte de la  población.

“El problema es que se utilizan los vacíos del sistema legal y los puntos débiles del ordenamiento jurídico para tejer un conjunto de actos destinados a configurar una situación fraudulenta. El problema es que muchas veces nosotros tenemos la idea de que nuestras propiedades van a estar seguras, pero demos tener unas herramientas de protección. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar informados, Y, sobre todo, saber actuar oportunamente para que este tipo de fraudes se puedan consolidar”, remarcó.

Modalidades del delito inmobiliario

El funcionario explicó que en el delito inmobiliario existen básicamente dos modalidades o tipos de fraudes: la falsificación y la suplantación.

“En la falsificación, ha habido dos modalidades. La falsificación material, que es cuando se elabora un documento completamente falso o parcialmente falso. Pero existe el tema de la falsificación encubierta, que es un asunto mucho más delicado”, alertó.

Dijo que la falsificación encubierta comprende a un documento que puede ser auténtico, como un proceso judicial, una escritura notarial o un proceso administrativo, pero cuyo contenido es falso, por haberse producido una actuación fraudulenta, en el momento de la fabricación del documento auténtico.

“Entonces, este contenido ya va con una finalidad delictiva encubierto dentro de una formalidad legal. Y esto es lo que hacen las organizaciones delictivas. Utilizar un mecanismo con un ropaje jurídico de autenticidad, pero con un contenido fraudulento. Esto es difícil de detectar, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Estar protegidos mediante la información“, detalló.

Por ello, sostuvo que para evitar que el delito se consolide el usuario poseedor de un derecho escrito debe saber qué está pasando con él. “Si tengo información de que mi derecho está siendo materia de un movimiento, yo inmediatamente voy a poder actuar para evitar que el delito se consolide. ¿Qué es lo que hago allí? Me opongo, me apersono, cuestiono la validez del documento”, acotó.

Refirió que aún en el caso que el delito se hubiese consolidado, el afectado también tiene un  margen de acción inmediata para poder remediar la situación fraudulenta, a través de un proceso de cancelación o una acción judicial.

Desinformación de la población favorece proliferación de tráfico ilícito de terrenos

Garazatúa indicó que el florecimiento y exponencial multiplicación de los casos del tráfico ilícito de terrenos se da fundamentalmente por el aprovechamiento del desconocimiento normativo, por parte de la población.

“Hay invasores, organizado0s en sistemas delictivos que defraudan a la población. Dicen que son propietarios constituidos en ´asociaciones´, pero en realidad no lo son. Pero la gente no conoce el tema legal, y no acude ante un abogado para que haga un estudio de la titulación, y se deja sorprender. Compra propiedades de que quienes dicen ser los dueños, y después se sienten estafados”, aseveró.

El experto dijo que la modalidad más grave de este delito radica en quienes sorprenden a la población con un documento que aparentemente es legal, pero que tiene un contenido fraudulento, por lo que –demandó- “allí es donde las autoridades tienen que saber actuar oportunamente para que este tipo de delito no se consolide”.

“Cuando uno inscribe un derecho, el sistema lo protege y le otorga una situación de verdad. Si usted inscribe una adquisición, lo hace para que todos sepan que usted es el dueño… Entonces, el delincuente pretende llegar a la situación suya. La diferencia es que su situación es correcta, pero la del delincuente no, porque lo ha hecho a través de un sistema indebido e ilícito. Y ahí viene el problema. Como sé yo cuando alguien está actuando dentro de una organización criminal, confabulado para sorprender a terceros, o cuando uno es un tercero que ha obrado de buena fe en la información inscrita”, concluyó.