RCR, 13 de abril 2025.- Paola Bustamante, exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, advirtió que la minería ilegal está siendo mal entendida como un tema solo administrativo, cuando en realidad requiere intervención del sistema de justicia, ya que esta actividad mueve grandes sumas de dinero y está vinculada a delitos como trata de personas, extorsión y sicariato.
“El MINEM ha señalado que la Fiscalía está realizando muchas investigaciones preliminares, sin embargo, nos ha indicado que hay cero sentencias, porque creo que en el país se está confundiendo y se le mira al Ministerio de Energía y Minas y a la Dirección de Formalización como a la encargada de ver minería ilegal y minería informal, cuando no es así, señaló.
Indicó que la minería ilegal requiere de la atención de la Fiscalía, la PNP y el Sistema de Justicia, ya que esta actividad mueve mucho dinero que puede estar extorsionando y amenazando a las autoridades. Sin embargo, se carece de acciones por parte del Estado, que tiene la responsabilidad de protegerlos.
“Nos tienen que explicar qué es lo que está pasando, qué retos hay o qué problemas tienen para enfrentar la minería ilegal, que entendemos que está en diferentes puntos del país, ya que mueve muchísimo dinero, y puede estar extorsionando u amenazando a las autoridades”, expresó.
Bustamante sostuvo que el REINFO se ha convertido en un “salvoconducto” que permite operar a mineros que no tienen intención real de formalizarse, ya que actualmente, el 77% de los inscritos se encuentran suspendidos, lo cual los coloca automáticamente en situación de ilegalidad si continúan operando.
“Hemos dicho de manera categórica que no se abra nuevamente el Reinfo, y que se tienen que encontrar otras formas para formalizar a los 18.000 mineros informales activos porque como bien lo ha dicho el director de formalización, aproximadamente el 77% se encuentra en situación de suspendido y si está operando ya es ilegal”, anotó.
Remarcó que la minería ilegal no solo impacta ambientalmente, sino que está asociada a delitos graves como la trata de personas, el sicariato y la extorsión, por lo tanto, hizo un llamado a todos los actores, incluyendo joyerías y compradores de metales, a exigir oro legal como una forma de cortar el financiamiento al crimen organizado.
“Necesitamos estrategias para que persigan la comisión del delito, que no solamente es la extracción del oro de manera ilegal en zonas protegidas, sino todo lo que hay alrededor, porque la minería ilegal trae la trata de personas, extorsión, sicariato”, subrayó.
