Fuente: Andina
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Lambayeque sancionó con una multa superior a los 790,000 soles a la empresa azucarera Tumán, por “su continuo abuso e incumplimiento de las normas socio laborales con sus trabajadores”.
Así lo informó el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Guillermo Segura Díaz, quien precisó que esta drástica medida se aplica porque no hay pago de sus remuneraciones oportunamente, no se cumple con sus vacaciones, se actúa de manera arbitraria con los que adoptan la posición de dirigir un Sindicato y no se paga su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). “Esto no lo estamos permitiendo y ojalá que esa línea se mantenga”, apuntó.
El funcionario agregó que esta sanción ya fue apelada. “En este caso es última instancia y van a tener que cancelar esta multa”, enfatizó.
La autoridad de Trabajo de Lambayeque afirmó que en lo que va de este año se han aplicado más de 2 millones de soles en multas, en su mayoría a empresas agroindustriales y comerciales que incumplen con el pago de CTS, remuneraciones, inclusión en planilla de sus trabajadores.
“Hemos encontrado que muchas empresas formales tienen una parte de sus trabajadores en la formalidad y otra, en la informalidad y esto es controlado en un trabajo coordinado entre la Gerencia Regional de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para hacer respetar el derecho de los trabajadores”, afirmó.
Fortalecimiento de Mesas de Dialogo de Construcción Civil
Por otro lado, informó que en lo que va de este periodo han logrado fortalecer las mesas de diálogo distritales del sector de construcción civil. “Se ha llevado a cabo mesas distritales de construcción civil en Pomalca y se está proyectando realizar en Cayaltí y Zaña”, indicó.
Guillermo Segura agregó que a nivel de gremios sindicales han buscado que éstos cumplan con renovar sus juntas directivas y se mantengan activas.
“Que abran sus cuentas corrientes o de ahorros para que depositen su cuota sindical, que aprendan a tomar una decisión para ir a una medida de fuerza como paro o huelga, donde hay formas específicas que deben cumplir para que la legalidad de éstas no traiga como consecuencia la represalia contra los trabajadores. En ese escenario hemos tratado de garantizar que los derechos de los trabajadores sean protegidos por la Ley y el Estado”, subrayó.
Mencionó que actualmente le preocupa que el diálogo social se haya debilitado donde han tenido intentos de establecer diálogos con Pucalá, Tumán, Pomalca y otras empresas como Epsel, Backus, las universidades y algunos municipios. “Allí existe una renuencia al diálogo social y eso trae como consecuencia que estemos enfrentando una serie de huelgas. Algunas huelgas tenemos que declararlas legal porque son así, legales”, subrayó.