RCR, 18 de febrero de 2023.- Cualquier decisión política tiene que ser en el marco de la Constitución, de no ser así, en cualquier momento será cuestionada e invalidada desde el punto de vista jurídico constitucional, de tal manera que si se adelanta las elecciones se tiene que hacer una reforma constitucional, señaló el abogado constitucionalista, Ricardo Velásquez.
“Si hay voluntad en el Congreso todo es posible, pero es complicado que se adelante para este 2023 las elecciones, en el mejor de los casos sería para el próximo año, aprovechando la siguiente legislatura. Así se daría el tiempo necesario para hacer los toques necesarios para el adelanto de elecciones”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Ricardo Velásquez, sostuvo que no solo el Congreso de la República ha demostrado la intención de prorrogar su mandato, también la presidenta Dina Boluarte a pesar de las exigencias de una salida del Poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, tampoco se puede ceder a los chantajes del sector violentista que ocasionaría una burocracia en el país.
“El Poder Ejecutivo y Legislativo hará todo lo posible para permanecer en la política del país, a pesar de las exigencias de la población, pero esta decisión pasa a ser únicamente del Congreso. Más allá de las medidas violentistas que están tomando un sector de la población, tampoco se puede ceder a un chantaje de esa naturaleza porque eso sería llevar al país a la burocracia que significaría un Gobierno dictado por el anarquismo, donde no se respetaría ni la autoridad, ni la ley y mucho menos la Constitución”, precisó.
Remarcó que, ante las demandas a las autoridades del Poder Ejecutivo por genocidio y abuso de autoridad, sostuvo que el Ministerio Pública, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional les corresponde evaluar si se ha cometido estos actos en contra de los ciudadanos.
“Hasta ahora en el Perú rige el estado de derecho, donde no solo se respetan los derechos fundamentales, también el principio de división, equilibrio y autonomía de los poderes públicos. Para definir la justicia, estas medidas le corresponden al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, estos órganos tendrán que evaluar si el Poder ejecutivo o algún funcionario en particular ha cometido actos de abuso contra los ciudadanos, además de investigar si la Policía Nacional y el Ejercito ha cumplido con los protocolos pertinentes”, afirmó.
Pedro Castillo acudirá a la CIDH para exigir su libertad y reposición a la presidencia
Por otro lado, ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, advirtiendo que el expresidente Pedro Castillo tiene intenciones de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recuperar su libertad y ser repuesto en el cargo de jefe de Estado. Ricardo Velásquez, manifestó que lo correcto sería que acudir a la Carta Democrática Interamericana.
“A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se recurre cuando se vulneran derechos fundamentales del ciudadano, en este caso la entidad denunciada es el Estado, pero lo atinado sería que invoque la Carta Interamericana Democrática y promuevan una sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Acá hay un juego político de varios estados que tratan de socavar la autoridad del Estado peruano a través de sus instituciones denunciando que en el Perú se dio un golpe de estado por parte del Congreso y de presidenta Dina Boluarte, lo cual es absurdo, porque esto lo realizó el expresidente, Pedro Castillo”, subrayó.
