RCR, 19 de julio de 2024.- Stephani Maita Uría, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), dijo que el Perú está desaprovechando el contexto favorable del precio alto del cobre a nivel mundial, debido al retraso en la ejecución de la cartera de inversiones en minería formal por más de 30 mil millones de dólares. Explicó que las inversiones no se ponen en marcha por la demora en los trámites en las instituciones públicas y por los conflictos sociales.
“El país no está sabiendo aprovechar esta oportunidad y por el contrario tenemos una cartera de proyectos atrasada que está valorizada en alrededor de 30 mil millones de dólares. Son alrededor de 23 proyectos de casi 50 que están ahora en cartera del Ministerio de Energía y Minas los que se encuentran atrasados”, dijo en la secuencia “Radar económico” de RCR.
Señaló que el precio del cobre, que es uno de nuestros principales minerales de exportación, se encuentra experimentando un precio bastante alto. “Bastante por encima en realidad de lo que se vio años previos a la pandemia del covid-19, está alrededor de un 60% por encima del promedio. Esto debería generar un contexto favorable para el Perú y el desarrollo de la minería formal dentro del país”, indicó.
Explicó que estos proyectos están retrasados por la tramitología del sector, que está relacionado básicamente a los aplazamientos que tienen ciertos trámites administrativos que son necesarios para el desarrollo de la minería formal, pero también a un problema importante y que viene afectando sostenidamente a la minería en los últimos años que es la conflictividad social.
“El trámite normal que debería ejercer una entidad minera que esté interesada en invertir en el país se demora muchísimo más. Otros países que también son mineros al igual que el caso de Perú, como por ejemplo Australia o Canadá, que tienen mucha mejor experiencia y más herramientas para desarrollar esto de mejor forma les toma mucho menos tiempo”, precisó.
Sostuvo que el Perú pierde competitividad frente a estos otros países debido a la tramitología del sector. “El reflejo de ello es, por ejemplo, la pérdida de puestos en el ranking del Instituto Fraser, que hace encuestas anuales a algunos de los principales funcionarios de las empresas mineras más grandes del mundo respecto de su perspectiva o de su opinión de algunos aspectos fundamentales de los países mineros”, afirmó.
También señaló que la conflictividad social se debe a que las autoridades no ejecutan obras con los recursos que aportan las mineras formales. “Esto está básicamente relacionado al hecho de que lamentablemente el gobierno en general y sobre todo los gobiernos subnacionales no saben traducir de forma efectiva los recursos que genera el sector y que son transferidos a estas autoridades en beneficios concretos para las poblaciones”, observó.
“Por ejemplo, encontramos que en Arequipa de alrededor de 1200 millones de soles que se les transfirió por concepto de canon y regalías el año pasado, en promedio las autoridades subnacionales ejecutaron solamente alrededor del 70% e incluso hubo varias municipalidades distritales o provinciales que ejecutaron incluso menos del 50%”, apuntó.
Asimismo, sostuvo que las autoridades no solamente deben ejecutar el monto que se les transfiere, sino también saber ejecutarlo adecuadamente, es decir, en proyectos que efectivamente se traduzcan en beneficios para la población como, por ejemplo, centros educativos, hospitales, carreteras, etcétera.
