Fuente: El Bambacho
El pasado viernes 20 de mayo se realizó la junta de acreedores de DOE RUN en liquidación que debía aprobar la venta de la mina de Cobriza, que luego de 12 años de frustración, finalmente se concretó después que un postor serio ofertara más que el precio base, se comprometía a contratar a los trabajadores y asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades del entorno de la mina.
Sorpresivamente la empresa responsable del desastre medioambiental, social y económico de La Oroya y Cobriza, RENCO GROUP del multimillonario newyorquino IRA RENNERT, votó en contra. ¿Por qué lo hizo? Porque pretenden que el gobierno los apoye en los juicios que alrededor de 4,000 damnificados del daño ambiental les iniciaron en tres estados de USA.
¿Es eso lógico y legal? ¿Qué culpa tienen los trabajadores, las comunidades campesinas que piden el reinicio de las operaciones de la mina porque necesitan salir de la pobreza y el Estado que existan estos juicios? Ese condicionamiento es inaceptable y se parece a un chantaje y una profunda deslealtad a un país que los acogió. ¿El Estado peruano puede aceptar eso?
