RCR, 18 de Junio 2022 .- Alfredo Velásquez, secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (Sutep), señaló que el reconocimiento de la deuda social a docentes activos, cesantes y contratados es un avance importante. Expresó que el magisterio aguarda con expectativa la publicación del reglamento, que garantice el pago de ese derecho postergado por décadas.
“Esta ley 31495 es un avance importante sobre una postergación de más de 30 años. Recuerden que, en 1991, con un decreto supremo 051 se nos desconoció este derecho que estaba en la ley 24029 y su modificatoria 25212 y prácticamente desde el 91 hasta el 2012 se nos negó este legítimo derecho”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Destacó que el Sutep, teniendo en cuenta la coyuntura y que había una deuda social hacia el magisterio, hacia los auxiliares educación y a los directivos, trazó una serie de estrategias, principalmente desde el 2007, para que ese derecho sea reconocido por el Gobierno.
“Hasta la fecha hay miles y miles de sentencias judiciales en cosa juzgada y en cierto modo esta ley va a resarcir ese legítimo derecho, esa deuda social que nos tiene el Estado y que ningún presidente se ha preocupado en resarcir. Esperemos la reglamentación y que de una vez se busque los mecanismos formas y maneras de resarcir para todos los maestros cesantes y jubilados, incluidos los auxiliares de educación y directivos”, afirmó.
Consideró que es un acierto que el Gobierno haya firmado este proyecto de ley, que se ha convertido en la ley 31495. “Ha sido aprobado en el Congreso de la República y justamente pasado los 15 días, el Gobierno lo ha aprobado y es un legítimo acierto, porque además Pedro Castillo conoce de esta problemática”, expresó.
“El ministro de Educación todavía está gastando un fondo irrisorio, normalmente devuelven al erario un 20 y 25% de no haber invertido y eso puede ser una forma. Otra de las formas, pueden buscar mecanismos, de repente vivienda, pueden designar un fondo, que puede ser de 2 mil 0 5 mil millones anuales que debe destinarse para ese pago importante y trascendental”, apuntó.
Enfatizó que lo importante es que no debe quedarse solamente en ley, al considerar que debe haber ya un cronograma y un presupuesto, que debe estar incluido en el reglamento de la ley. “El Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para aprobar el reglamento y ahí seguramente nosotros vamos a dar algunos alcances y algunas sugerencias”, declaró.
“Nosotros como un gremio propositivo y proactivo siempre vamos a hacerles llegar propuestas y desde que ha salido la ley el día de ayer hay una necesidad urgente de reunirnos con todos las sedes regionales y nacionales y ahí vamos a elaborar propuestas importantes de tal modo que ayudemos a canalizar las diversas formas de que el Estado cumpla con ese compromiso, con esa deuda social histórica, y que no sea motivo para que el ministro de Economía diga que es una deuda cuantiosa y hay que seguir postergando”, subrayó.
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