Fuente : Agencia Andina
Fueron hallados responsables de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Puno condenó a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de los exfuncionarios del Gobierno Regional de Puno Hernán Javier Cruz Cruz, Néstor Modesto Mamani Titi y Manuel Octavio Quispe Ramos.
Ellos fueron hallados responsables del delito contra la administración pública -delitos cometidos por funcionarios públicos-, en la modalidad de negociación incompatible.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno sustentó la acusación contra los referidos exfuncionarios regionales.
Según la investigación a cargo del fiscal provincial Gilmer Escobar Gil, los hechos se habrían producido cuando el Gobierno Regional de Puno, a través del Acuerdo Regional N.° 083-2012-GRP-CRP del 02 de Octubre del 2012, aprobó exonerar el proceso de selección por desabastecimiento inminente, para la adquisición de dos máquinas: una planta de asfalto en caliente y una terminadora de asfalto sobre ruedas.
Los ahora sentenciados, Hernán Javier Cruz Cruz, Néstor Modesto Mamani Titi y Manuel Octavio Quispe Ramos, en su calidad de funcionarios públicos del Gobierno Regional de Puno, gestionaron dicha exoneración del proceso de selección por causal de desabastecimiento inminente, sin haber cumplido dolosamente con los actos preparatorios del proceso de contratación y sin haber acreditado la situación extraordinaria e imprevisible, siendo estos requisitos necesarios.
Asimismo, modificaron sin sustento técnico que justifique las características técnicas en las bases del proceso, resultando diferentes a los estudios de pre inversión, a nivel de factibilidad. Sumado a ello, y pese a que la empresa contratista (CRUBHER) no cumplió con el requerimiento técnico mínimo previsto en las bases respecto al año de fabricación de las máquinas requeridas, cancelaron la totalidad del monto contractual ascendente a más de 3 millones de soles, a favor de dicha empresa.
Según la Fiscalía, de esta manera quedó demostrado que favorecieron a la referida empresa contratista, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, afectando la transparencia y probidad con la que deben actuar los funcionarios de la entidad.
