Juan José Aldazabal, de la Red Regional contra la trata de personas del Gore Puno, precisó que la mayor cantidad de jóvenes son captados por bandas vinculadas a la minería ilegal.
RCR, 16 de agosto 2018.- La falta de acción de los principales poderes del Estado (Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial) para luchar contra la trata de personas pone en riesgo y aumenta la vulnerabilidad de cientos de jóvenes de la región Puno, que día a día son captados por bandas de trata de personas vinculadas a la minería ilegal. Así lo señaló el secretario técnico de la red regional contra la trata de personas del Gobierno Regional de Puno, Juan José Aldazabal.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Aldazabal contó que el número de jóvenes que son captados por estas bandas va en aumento desde principios de año. Además, precisó que la mayoría de personas captadas son jóvenes de entre 14 a 23 años provenientes de casi todas las regiones del país e, incluso, de otras naciones como Bolivia.
“La situación de la trata de personas es algo latente y se va incrementando porque no existe una acción contundente por parte de los poderes del Estado. Por eso, esta situación no ha mejorado y los que más están en riesgo son los jóvenes, que diariamente vienen siendo captados por estas bandas que están muy vinculadas a las mineras ilegales”, comentó.
Asimismo, lamentó que, durante los últimos meses, no se haya podido elaborar un informe sobre la evolución de la trata de personas en la región debido a que la Fiscalía de Puno ha cambiado de titular recientemente y en medio de todo el cambio administrativo no se ha podido elaborar la ficha de informe respectivo.
“Tenemos un nuevo fiscal de trata de personas y por eso, en medio de las investigaciones, no se ha podido elaborar una ficha. Pero también es por el tema de falta de presupuesto para la red regional contra el tráfico. Nosotros hemos estado tratando de elaborarlo mediante nuestros propios fondos, pero aún así no alcanzo”, remarcó.
Por último, recordó que la red regional contra el tráfico cuanta con la participación de 23 organismos e instituciones públicas, que están muy preocupadas ante el aumento de este problema en la región.
“Tenemos cuatro ejes, y nos dividimos por organismos. En este caso, el eje de la prevención tiene a su cargo a la Defensoría del Pueblo, el eje de la sanción está bajo el cargo de la Fiscalía y así estamos tratando de aporta a la solución de este problema”, sentenció.
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