Fuente: NP. Congreso de La República
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 –como primer tema de la agenda legislativa- el proyecto de ley que propone restablecer los beneficios que establece la Ley 29694, sobre régimen de admisión temporal de aeronaves y material aeronáutico, por un lapso de cinco años, pero solo para pequeñas y medianas empresas.
Este último cambio fue aceptado por el presidente de la Comisión de Transportes, Roy Ventura Ángel, y luego de un debate que originó, primero, la propuesta de una cuestión previa por el congresista Manuel Dammert (que fuera rechazado por 48 votos); y en segundo lugar como consecuencia de las críticas de que se estaría favoreciendo a una empresa aeronáutica monopólica extranjera.
Ventura Ángel informó que se exoneró del dictamen de la Comisión de Economía, pero Dammert comentó que se desconocían los argumentos de este grupo.
Al respecto, el congresista Güido Lombardi (nuevo presidente de esa comisión) informó que el dictamen se aprobó en diciembre de 2016 con la opinión desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Precisó que la norma prolonga por otros cinco años el internamiento de partes con arancel cero e IGV cero, pero se carecían de argumentos técnicos en la nueva propuesta.
La congresista Marisa Glave recordó que la norma se derogó en el 2015 porque generaba altos costos y porque se estaba reactivando distorsiones y precedentes negativos beneficiando a grandes empresarios.
Gloria Montenegro comentó que debería hacerse un análisis de las exoneraciones y el impacto social. Sostuvo que las exoneraciones originaron que el Estado haya dejado de recaudar 3,300 millones de soles entre los años 2010-2015 y que de aprobarse la propuesta se beneficiará a las empresas aeronáuticas de mayor envergadura.
En el mismo sentido, Richard Arce expresó que la Sunat advirtió que se pierde 15 mil millones de soles por estas exoneraciones y 11 mil millones por devolución del IGV; mientras que Karla Schaefer, autora de la iniciativa, expresó que las exoneraciones “son competitivas” y que si se eliminaba esta posibilidad de exonerar de tributos se estaría quebrando la posibilidad de desarrollar en el país una ingeniería aeronáutica.
Seguidamente expresaron su oposición al proyecto los congresistas Horacio Zeballos, Marco Arana (dijo que era una ley con nombre propio porque no se va a favorecer a empresas nacionales) y Víctor García Belaunde: preguntó cuál era el costo beneficio de la exoneración.
Carlos Tubino, por su parte, expresó que se estaba viendo el problema desde la ciudad y no del desarrollo de la Amazonía, en donde no existe la facilidad del transporte aéreo, solo avionetas.
Luego expresaron su oposición a la iniciativa los congresistas Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Mario Canzio, César Villanueva, Javier Velásquez Quesquén (opinó que no se podía restituir una parte que había sido derogada y que las exoneraciones deberían hacerse en base a nuevas condiciones) y Horacio Cevallos (pidió que retornase a comisión); no así los parlamentarias de FP Guillermo Bocángel y Miguel Torres, quien propuso finalmente que las exoneraciones solo sean para las medianas empresas aeronáuticas. Esta posición fue aceptada por la presidencia de la comisión dictaminadora.
Puesta al voto por la mesa directiva, se aprobó –en primera votación- con 51 votos. 47 votaron en contra y cero abstenciones.
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
A continuación se puso en debate el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que solicita la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2016, pero rechazada por la Comisión de Presupuesto del Congreso.
El sustento lo hizo el congresista Gilbert Violeta. Informó que si bien la Cuenta es elaborada por la Dirección de Contabilidad Pública del MEF, la Contraloría ha realizado una serie de observaciones en su contenido. La Cuenta General, expresó, es el acto formal de ordenamiento de las empresas e instituciones del Estado, pero no una aprobación de gestión.
El universo de entidades del sector público del año fiscal 2016 fue de 2,496 entidades, mayor en 24 entidades que en el año precedente. Al 28 de abril quedaron 62 entidades omisas a la presentación de la información financiera y presupuestaria correspondiente al año 2016.
Con recomendaciones al MEF, Contraloría y Poder Ejecutivo, el dictamen recomendó la no aprobación de esa proposición. Se puso al voto y se aprobó con 92 votos (unanimidad).
