RCR, 19 de Enero 2025 .- Lucio Castro, Secretario General del Sutep, anunció que después de 12 años el Estado deberá cumplir con la ley promulgada en el 2012 que establece una bonificación especial para aquellos maestros que hayan obtenido maestrías y doctorados. Agregó que, en 30 días hábiles el Gobierno deberá publicar el reglamento de la ley y el Ministerio de Educación deberá informar acerca del cumplimiento de la sentencia.
“En el año 2012 se promulgó la ley 29944 en el artículo 61 que señalaba que los maestros que habían obtenido maestrías y doctorados debían tener una bonificación especial, pero lo cierto es que han transcurrido 12 años y este derecho ha sido postergado por el Estado. Ante esta desatención, el SUTEP tomó la decisión de recurrir al Poder Judicial y presentar la demanda correspondiente”, dijo en el programa Enlace Educativo por RCR.
Señaló que la semana pasada, el Poder Judicial falló a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) obligando al Gobierno a cumplir con la ley promulgada en 2012 que establece una bonificación especial para los maestros que hayan obtenido maestrías y doctorados
“En 30 días hábiles el Gobierno deberá publicar el reglamento de la ley, y también la sentencia indica que, en cinco días hábiles el Ministerio de Educación tendrá que decirle al juzgado que se está cumpliendo con la sentencia. Nosotros solo exigimos el respeto al ordenamiento jurídico, y no una apelación porque sería ridículo que no quieran cumplir con un derecho postergado del magisterio”, expresó.
Castro precisó que el SUTEP ha demostrado una vez más su compromiso con los maestros para el respeto de sus derechos. “Esta victoria significa que el Gobierno respete lo que establece la ley y se compense a los docentes por su logro académico y sacrificio al cubrir sus estudios de maestrías o doctorados”, anotó.
Asimismo, expresó su profunda preocupación por la Ley 32242, que permite la destitución automática de maestros y auxiliares de educación en caso de ser condenados en primera instancia por delitos como abuso sexual o terrorismo. Declaró que, si bien el sindicato repudia cualquier delito, esta ley es “lesiva” e inconstitucional porque contradice principios fundamentales como el derecho a la legítima defensa y la pluralidad de instancias.
“El SUTEP ha desarrollado múltiples pronunciamientos en donde cuestiona y repudia delitos cometidos por docentes en contra de sus alumnos, también se ha pronunciado contra aquellos que han utilizado o practicado el método del terror en contra del país y por supuesto, delitos dolosos son repudiados por el magisterio. Pero con este pretexto que busque acabar con la estabilidad, también lo cuestionamos por ser inconstitucional”, enfatizó.
Por otro lado, convocó a una movilización para el 30 de enero, con el objetivo de presentar su pliego de reclamos al Ministerio de Educación y exigir al gobierno mejoras en las condiciones laborales del magisterio. Mencionó entre las demandas un aumento en el presupuesto para la educación y mejores pensiones para los maestros cesantes, que han dedicado su vida a la educación y merecen una jubilación digna.
“El 30 de enero desfilaremos hacia el Ministerio de Educación a efecto de entregar nuestro pliego de reclamos, el conjunto de exigencia que tenemos los maestros esperamos que sean atendidos en respeto a nuestros derechos laborales. A la población y a los padres de familias los invitamos a esta movilización”, manifestó.
Finalmente, remarcó que la grave situación de inseguridad ciudadana afecta a los docentes y a las comunidades educativas en todo el país, ya que algunos maestros han sido víctimas de robos, extorsiones e incluso asesinatos, especialmente en zonas rurales. Agregó que algunos docentes se ven obligados a pagar cupos a grupos delictivos para poder llegar a sus centros de trabajo.
“La inseguridad ciudadana no es ajena a nuestras demandas, muchos maestros del país han sido agredidos y agraviados por esta situación, ya sea por asaltos, extorsiones o sicariato, sobre todo en el caso de zonas rurales, donde los docentes son obligados a pagar cupos para llevar a los centros educativos, y esta problemática debe ser atendida por el Gobierno”, subrayó.
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