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PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO – PGE CONSIGUE SE TRANSFIERA LA TITULARIDAD A FAVOR DEL ESTADO DEL INMUEBLE “HACIENDA CAZADEROS” QUE PERTENECIÓ AL “CLAN ORELLANA” Y QUE SE ENCUENTRA VALORIZADO EN MÁS DE CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE SOLES

En el marco del proceso de implementación y funcionamiento de la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio PPEED – PGE se comunica a la opinión pública lo siguiente:

Mediante el trabajo conjunto entre la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio y la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio se consiguió que se transfiera de manera definitiva a favor del Estado peruano el inmueble denominado “HACIENDA CAZADEROS” con una extensión de 21,756.3748 hectáreas, valorizado en S/136’637,080.95 millones de soles, que fue adquirido de manera ilícita por la empresa ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT SAC, representada por Rodolfo Orellana Rengifo.

El 16 de julio del año en curso, el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo del Juez Juan Antonio Rosas Castañeda emitió sentencia favorable al Estado, en el Expediente N.° 00061-2023-0-5401-JR-ED-01, eliminando todos los derechos de propiedad que ostentaba la empresa ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT SAC, sobre el referido inmueble ubicado en el Caserío de Capitán Hoyle, distrito San Jacinto, provincia de Contraalmirante Villar, departamento de Tumbes, al considerar que dicho bien constituye una ganancia de la actividad ilícita de lavado de activos que ejecutó la organización criminal “Clan Orellana”; y que el dinero con el cual la empresa de Orellana adquirió el bien fue producto de las ganancias ilícitas obtenidas luego de vender el inmueble conocido como “Caso Shell”.

Este nuevo logro refuerza nuestra posición en relación a que la extinción de dominio constituye una herramienta eficaz de política criminal que permite, de manera rápida y respetando el debido proceso, trasladar la titularidad del patrimonio ilícitamente obtenido, a favor del Estado.

Fuente: Procuraduría General del Estado