Giovanna Vélez, de la Unidad de Procuraduría Pública Especializada, señaló que, entre el 2002 y 2014, se han abierto más de 4 mil procesos que involucran a gobernadores y exgobernadores regionales.

RCR, 20 de septiembre 2018.- Los 4 mil procesos de corrupción contra los gobiernos regionales y provinciales del país le cuestan más de 7 millones de soles al Estado Peruano, perjudicando seriamente la estabilidad económica de nuestro territorio, señaló la coordinadora de la Unidad de Análisis de la Información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Giovanna Vélez.

“De los 4 225 casos que tenemos, solamente en 205 de ellos se habría emitido sentencia. Es decir, que los demás, como es el caso de Gregorio Santos, todavía estarían en trámite. Y allí hacemos un llamado al Poder Judicial para que, en base a las investigaciones y la valoración de las pruebas, se puedan emitir estas sentencias condenatorias que sirvan para diluir estas brechas de impunidad”, puntualizó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Vélez también señaló que se espera mayor celeridad al proceso que se le sigue al suspendido gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, procesado por presuntas irregularidades en la Región y que se encuentra actualmente en fase de juicio oral.

“Este caso se encuentra en etapa de juicio oral. Es decir, próximamente ya se estaría emitiendo una sentencia que, desde la procuraduría, esperamos que sea condenatoria”, remarcó.

Como se sabe, Santos es procesado ante la justicia por los delitos de asociación ilícita, colusión simple y agravada, cohecho y otros, por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, gestada dentro de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGION).

“Cuando hablamos de una organización criminal nos referimos a una estructura organizada de poder en la cual se distribuyen roles y áreas específicas, al interior de la misma. Es decir, tenemos una persona que encabezaría esta organización, en este caso, Gregorio Santos. Y con la complicidad de otros funcionarios y particulares que serían parte de esta organización… y que habrían actuado conjuntamente para lesionar los bines tutelados por el Estado”, especificó.

Respecto a otro emblemático caso de corrupción ocurrido en las regiones del país como es el de la denominada “Centralita”, ubicado en Ancash, la procuradora Vélez informó que se encuentra en la etapa de acusación fiscal, y en el que “consideramos que el exgobernador regional César Álvarez habría constituido también otra organización criminal”.

“Y allí había un aparato central liderado por la exautoridad regional, en este caso, César Álvarez, en el que participaron otros personajes de su confianza, para coordinar acciones con otros aparatos conexos, como los de apoyo legal, político y de fuerza, integrado por trabajadores de construcción civil de Chimbote”, detalló.

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