Fuente : La República
Odebrecht. Pedido alcanza a otros acusados del caso Interoceánica Sur, en el que también está el expresidente Alejandro Toledo.
El próximo viernes 12 de marzo a las 9 a.m. se revisará en audiencia el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo en el caso Interoceánica Sur y los sobornos de Odebrecht.
El requerimiento del fiscal José Domingo Pérez también alcanza al ingeniero Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font.
Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que revisa los incidentes del caso, tenía previsto realizar la audiencia para el último viernes cinco de febrero. Sin embargo, acorde a una resolución del magistrado a la que accedió La República, la defensa de Dan On informó el pasado 6 de enero que “los CD que fueron notificados en forma personal se encuentran dañados, lo que impide su lectura”. Es decir, que el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez no era legible, por lo tanto, no podía acceder a su contenido para elaborar su defensa
Por este motivo, Concepción Carhuancho decidió el pasado 28 de enero el cambio de fecha para la audiencia, fijándola para marzo.
La hipótesis del fiscal Pérez fue que Toledo recibió US$ 35 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la ejecución del proyecto IIRSA Sur durante su gobierno, entre los años 2001 y 2006.
Por este caso se solicitó contra Toledo, en una acusación formulada por Pérez en agosto del 2020, 20 años y seis meses de prisión; mientras que contra Dan On se pidió 9 años por el delito de colusión.
Acusación en pausa
En agosto pasado, Pérez presentó un requerimiento mixto (de acusación y sobreseimiento o archivo) por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) contra Alejandro Toledo y otros.
La audiencia para la revisión de ambas peticiones iba a ser realizada el 19 de enero, sin embargo, el magistrado Concepción Carhuancho ordenó a la Fiscalía que se completara su acusación debido a que estaba pendiente que se resuelva la situación de cuatro empresas que podrían ser incluidas: Graña y Montero S.A., G y M, ICCGSA y JJC, las cuales formaron consorcio para la obra vial IIRSA Sur.
Por ello, la acusación debe esperar hasta que se defina la situación de las empresas. Algunos de los acusados tienen cargos por colusión y otros por lavado de activos.
