RCR, 15 de Noviembre 2021 .- Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, sostuvo en el programa “A fondo” de RCR que el presidente Pedro Castillo tiene una responsabilidad ética y legal en la designación de ministros y funcionarios cuestionados. Explicó que la caída de la aprobación presidencial, según la última encuesta de Ipsos, se debe a su falta de compromiso con la meritocracia en el Estado.

“Hay una insatisfacción de la ciudadanía respecto a estos nombramientos, porque ven algo que era una práctica frecuente, pero no tan grosera, como está pasando ahora. Eso molesta bastante y es escandaloso. El tema de fondo es el uso indebido del poder, es el cero compromiso con la meritocracia”, dijo.

Remarcó que, en la designación de ministros, Castillo tiene responsabilidad directa. “No es que sea un inimputable, muchas personas quieren hacer pasar al presidente como una víctima de sus circunstancias, cuando es una persona que no tiene capacidad de gestión. El presidente, tratándose de ministros o de funcionarios de alto rango, como Carhuapoma, tiene responsabilidad directa ética y legal. También hay una responsabilidad de la premier Mirtha Vásquez”, indicó.

Respecto a los constantes llamados a la lucha contra la corrupción de Castillo, afirmó que los presidentes tienen poco o nada que hacer en la lucha contra la corrupción en cuanto a tomar medidas. “Lo que tienen que hacer es dejarse fiscalizar y controlar. Los gobernantes no tienen idea de cómo se hace la reforma de justicia ni como se hace una lucha contra la corrupción, porque no les corresponde”, expresó.

“La mejor muestra es tener un grado de control independiente y eso pasa no solo pasa por la Contraloría, sino por un órgano que agrupe todo el esfuerzo de lucha contra la corrupción. El presidente tendría que configurar un cargo que luche contra la corrupción y que esté dispuesto a cortarle la cabeza al mismo presidente, pero no hay un presidente que lo haya hecho”, subrayó.

Enfatizó que el Perú es un país de corrupción inclusiva y democrática. “La corrupción está por todos lados y en todos los niveles. Si tuviera que priorizar, priorizaría las regiones, porque es el punto de encuentro los pobladores con el Estado. Estamos viendo y es escandaloso”, apuntó.

“El Consejo Privado Anticorrupción es una asociación que está compuesta de 26 gremios de empresas y algunas empresas individuales, para hacer una vigilancia sistémica y habitual, ayudando a la empresa, para visibilizar de estos nombramientos equivocados, designaciones controvertidas, visitas sospechosas. Queremos pasar a un segundo nivel que es la acción legal y estamos en esa lucha. Constantemente recibimos cartas notariales de requerimiento de funcionarios y estamos respondiendo amenazas indirectas”, destacó.

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