Autoridad regional sostiene que Ismael Pérez, trabajador de Diresa – Loreto, y considerado el principal instigador de las acciones de presión y aparente asesor en la comunidad de Chapis, debe informar en que se destinan los fondos del Estado para programas de salud en la zona.

RCR, 15 de noviembre 2015.- La Prefecta de Loreto, Carmen Núñez, demandó que es necesario se conozcan en que se gastan los recursos que destina el Estado para los programas de salud en la comunidad de Chapis, provincia del Datem del Marañón, en Loreto.

En entrevista a RCR, la autoridad instó a Ismael Pérez, Técnico de Enfermería de la  Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA), y que de acuerdo a informaciones periodísticas asume funciones de asesor en la comunidad de Chapis, para que informe y transparente los gastos que realiza, en su calidad de técnico enfermero, a través de los programas de salud y que aparentemente no son destinados para los fines previstos en dicha localidad.

La autoridad confirmó que a través de una reciente comunicación sostenida con Pérez lo conmino a rendir las cuentas en la brevedad. “Hemos comprobado que Ismael Pérez  actualmente contratado por el gobierno regional, maneja un programa de salud en ese lugar con un presupuesto bien elevado. Le dije que muestre a nuestro subprefecto (del Datem del Marañón)  qué es lo que realmente está haciendo con el dinero que el Estado le da para que apoye a esas comunidades”, refirió la prefecta.

PRINCIPAL INSTIGADOR

En los últimos días diversos medios de comunicación sindican a Ismael Pérez como el principal instigador en la comunidad de Chapis, y fue uno de los activistas políticos que impidió el ingreso de los funcionarios del Estado, (Ministerio de Energía y Minas, Petroperú, Osinerming, así como del Ministerio Público) para verificar e iniciar los  trabajos de remediación tras un derrame de petróleo a la altura del Kilómetro 221.5 del Ramal Norte.

Incluso, el lunes último la empresa Petroperú  denunció que  un grupo de pobladores de la comunidad de Chapis, azuzados por elementos violentistas, pretenden extorsionar a las autoridades del gobierno y de la entidad estatal para que se les pague una indemnización de 10 millones de soles, aparte de 200 soles por día a los dirigentes de la comunidad, y la contratación a la empresa comunal para que efectúen el trabajo de remediación, por el derrame de crudo detectado por la empresa el miércoles 8 de octubre.

A pesar de ser un trabajador del Gobierno Regional de Loreto (a través de Diresa – Loreto) se cuenta con información que Pérez actúa como asesor de la comunidad, actuando incluso por encima del Apu, Jorge Kuja Jiukan. Fuentes consultadas por RCR confirmaron que su labor es aparentemente  más de activista político y ambientalista que la de técnico de enfermería, por el cuál ha sido contratado por la gobernación regional.