Fuente: Portal el Montonero

Ejecutivo incapaz de restaurar el orden

Según se estima, el país estaría perdiendo alrededor de 100,000 barriles de petróleo acumulado, que representan US$ 5.12 millones, por la paralización de las actividades petroleras en el Marañón (selva amazónica nororiental). La pérdida es por los daños ocasionados al Oleoducto Norperuano (ONP), en el kilómetro 193. Desde hace más de diez días los dirigentes de la comunidad de Mayuriaga impiden el ingreso a la zona al personal técnico de Petroperú.

De acuerdo a un comunicado de Petroperú, los dirigentes de la comunidad han admitido haber realizado el acto de sabotaje. No obstante, impiden que los técnicos de Petroperú ingresen al lugar para evitar mayores daños ambientales. El derrame de petróleo ya estaría llegando a los ríos intermedios.

Los dirigentes de las comunidades indígenas exigen la presencia en el lugar de los ministros de Estado. Asimismo, que se les entreguen las herramientas para que ellos puedan reparar lo daños ocasionados por ellos mismos. Según las autoridades de Petroperú, el pedido es inviable porque pone en riesgo las operaciones del oleoducto.

Por otro lado, desde el 5 de diciembre grupos de pobladores de la comunidad de Chapis, Loreto, tomaron violentamente las instalaciones de la Estación 5 del ONP y cerraron la válvula de la planta, cortando el abastecimiento de petróleo. Más de 60 personas, entre trabajadores y policías, habrían sido retenidas contra su voluntad, quedando paralizadas las operaciones de la estación. El premier, César Villanueva, solo atinó a convocar al apu de la comunidad de Chapis, Román Cruz, ¡para el 22 y 23 de enero!

Debido al sabotaje del ducto de petróleo, distintas concesiones petroleras en el Marañón han comenzado a detener sus actividades para evitar mayores daños ambientales. Asimismo, han señalado la reacción débil de las autoridades de Petroperú, encargada del ONP. Hasta el momento, las autoridades nacionales no han hecho respetar la ley y la Constitución. El fiscal solo ha comprobado los hechos y se retiró del lugar —por la falta de garantías— sin hacer, hasta momento, las denuncias correspondientes.

La policía no estaría aplicando la ley por el temor de volver a repetir lo ocurrido en el denominado “baguazo”, de junio de 2014. En aquella ocasión, por intentar desalojar a 5,000 nativos, más de 30 personas murieron, entre policías y civiles. Es decir, el Estado de hoy está paralizado por el temor, sin preservar el Estado de derecho y sin proteger los recursos naturales ni las actividades productivas del país. En ese contexto, ¿el Ejecutivo de Vizcarra garantiza la explotación del lote 95, recientemente anunciada?

Antes de diciembre, el mandatario confirmó que, con una inversión de US$ 365 millones, la compañía canadiense Petro Tal iniciaría la explotación del lote 95. La petrolera ya había invertido US$ 310 millones en todos los proceso de exploración, hasta las últimas pruebas extendidas que confirmaron las reservas probadas de 39 millones de barriles por desarrollar. Sin embargo, la producción de petróleo iniciada el primero de diciembre está afectada por el sabotaje ocurrido en el ONP. La “tancada” (tanques de almacenamiento de petróleo) del lote 95 estaría en su máximo así como las “chatas” y barcazas (para acumular petróleo). Una situación que estaría afectando el “equilibrio del pozo” hasta que, finalmente, deje de producir en los siguientes días u horas.

Lo sucesos de estos días contra los recursos naturales y el sector hidrocarburos son obviados por una prensa nacional que se ha puesto la camiseta de Vizcarra y del referéndum impuesto por el Jefe de Estado. Las noticias habrían sido ocultada por la gran prensa nacional para no afectar el desenvolvimiento de la consulta popular, para no estropear el acto plebiscitario del pasado domingo. La victoria del sí en el referéndum, ¿resolverá la grave crisis energética del País? Por supuesto que no.