Fuente: La República

La constructora Camargo y Correa apeló la inhibición dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho en el proceso del caso Lava Jato. Con esta medida, la empresa quedó impedida de trasladar sus bienes a terceros. Sin embargo, su demanda quedó al voto en el Poder Judicial.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial resolverá esta solicitud. La defensa de Camargo y Correa alega a que en el momento que Concepción Carhuancho dictó la inhibición, la constructora no era parte del proceso de investigación contra la obra Interoceánica tramo IV y no tenían la condición de imputados.

La apelación de CC la resolverá el PJ en base al plazo legal. El problema, en caso el fallen a favor de Camargo y Correa, sería que la constructora trasladaría sus bienes a terceros – que actualmente se encuentran congelados – y el Estado no tendría de dónde cobrar la reparación civil.

La Procuraduría Ad hoc, consideró en la audiencia reciente, que la medida aplicada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria fue justamente para proteger la indemnización que se pueda solicitar a CC por los presuntos actos de corrupción que se le acusa.

Concepción Carhuancho detalló que la transferencia de los bienes de CC, reduciría su patrimonio. En este caso, la constructora cuenta con 25 vehículos y cinco terrenos.

Según diario Correo, el fiscal superior, Reggis Chávez, “señaló que 16 de los 25 vehículos fueron transferidos en fechas cercanas, en una sola notaría y a las mismas personas jurídicas, una vez que se enteraron de la indagación preliminar en contra”.

Cabe precisar que CC es sindicado como tercero civil responsable en el caso de la Interoceánica. En ese proceso está involucrado el expresidente Alejandro Toledo. El Ministerio Público (MP) lo acusa de presunto lavado de activos y de haber recibido seis millones de dólares en coimas a cambio de la concesión del tramo IV.

También son investigados por esa concesión el exbrazo derecho de Toledo, Josef Maiman. La esposa del empresario, Michelle Yankielowicz y el expresidente de CC, Marcos de Moura también son procesados.

El 18 de setiembre, el PJ, a través del juez Concepción Carhuancho rechazó la solicitud de la Procuraduría Ad hoc. Esta instancia pidió que la reparación civil por el tramo IV de la Interoceánica Sur sea de S/ 12´901,276.73.

Esta cifra fue pedida por el procurador Jorge Ramírez en base a lo que había planteado la exprocuradora Katherine Ampuero. El monto corresponde a los perjuicios que recibió el Estado por los actos de corrupción de Toledo y la constructora CC, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Concepción Carhuancho no procedió esta demanda debido a que considera que fue pedida durante la etapa intermedia de la investigación. La Procuraduría apeló y la resolución también está pendiente.