RCR, 09 de julio 2018.- Las empresas de transporte que brindan servicio de traslado de concentrados de mineral del proyecto minero Raura, solicitaron, a través de un comunicado, la urgente intervención de las autoridades ante el bloqueo ilegal de la vía de acceso a la mina por parte de un grupo de personas tomando como justificación la exigencia de más puestos de trabajo, hecho que impide el desenvolvimiento de las actividades laborales y el cumplimiento de sus contratos.

Cabe indicar que ese tipo de acciones está considerado  en nuestro Código Penal como delito de extorsión y es sancionado severamente. Es preciso indicar que según el artículo 38 de la Carta Magna, «Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación».

Las libertades de las personas están en la base de ese orden jurídico y de ser afectadas el Estado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para garantizar los derechos ciudadanos y el normal desarrollo de sus actividades.

Esos derechos están referidos al derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la propiedad y el derecho al libre tránsito. Si son vulnerados por actos de violencia se consideran como delitos de atentado contra la seguridad común, de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, de disturbios y de extorsión.

En el caso de los delitos de extorsión, incurren en esta modalidad quienes con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, con el objeto de obtener de las autoridades beneficios o ventajas. El  Artículo 200° del Código Penal, establece pena de cárcel que van de cinco a diez años y hasta de cadena perpetua si hay toma de rehenes.
Los transportistas afectados señalan pérdidas, agresiones, hostilizaciones y restricción a su derecho de libre tránsito por parte de un grupo liderado por el ciudadano Jimmy Andrade, a quien no reconocen ninguna representatividad y denuncian  que, a través de actos de presión, pretende obtener contratos de bienes y servicios con la minera. A continuación damos a conocer el texto íntegro del comunicado.

COMUNICADO

 AL PUEBLO DE OYÓN Y A LAS AUTORIDADES

Los representantes legales de las empresas de transporte, que prestan el servicio de traslado de concentrado de mineral de la Compañía Minera Raura S.A., entre las cuales se encuentran la Empresa Comunal de Oyón y transportistas locales, empresas que vienen siendo impedidos de transitar y cumplir con sus obligaciones contractuales, informan y manifiesta lo siguiente:

1. Desde hace varias semanas nos vemos totalmente afectados por el bloqueo de la vía Oyón – Raura que lleva a cabo la autodenominada Asociación de Transportistas de la Provincia de Oyón, quienes dolosamente propiciaron un PARO DE 24 HORAS, y una vez tomada la zona de bloqueo, vienen impidiendo hasta el día de hoy el paso de los vehículos que prestan el servicio de transporte de concentrado de mineral.
2. Esta Asociación no es legítima, pues no cuenta con el reconocimiento ni respaldo de la gran mayoría de transportistas de concentrados de Oyón, y está dirigida por el señor Jimmy Andrade que no es transportista local.
3. El Señor Jimmy Andrade pretende atribuirse además la representación de barrios y comunidades campesinas de la provincia de Oyón, pasando por alto que cada uno de estos pueblos, barrios y comunidades tienen sus representantes elegidos legítimamente.
4. Lo que el señor Andrade busca, es negociar con la Empresa Minera Raura contratos particulares de bienes y servicios sin respetar la participación de los que somos actualmente los proveedores formales de Raura, utilizando para ello modalidades ilegales, como impedirnos el libre tránsito a todas las empresas de transporte que queremos trabajar.
5. Los temas relacionados al servicio y condiciones contractuales con la Minera Raura los manejamos de manera directa con la empresa, por canales ya establecidos y sin la “representación” de terceros.
6. Cuando hemos querido transitar con nuestros vehículos por la citada carretera para cumplir con nuestro servicio de traslado de concentrado, hemos sido agredidos, hostilizados e impedidos de ejercer nuestro derecho al libre tránsito.
7. Hemos contribuido, invocado y participado en la instalación de un espacio de diálogo y entendimiento para resolver en forma inmediata el problema que vienen generando los señores de Asociación de Transportista de la Provincia de Oyón, la misma que no se puede desarrollar por la intransigencia de sus representantes.
8. Reclamamos entonces:

•  Que la llamada Asociación de Transportistas de la Provincia de Oyón despeje la vía inmediatamente y nos deje trabajar, pues ya llevamos varias semanas asumiendo grandes pérdidas económicas que afectan a nuestras familias y la de nuestros conductores.
• Que los señores Armando Chacón (Agente municipal del barrio Bellavista) y Sabino Samar (Presidente de la Comunidad de Oyón) deslinden del señor Jimmy Andrade, y asuman la responsabilidad que les ha dado el pueblo de velar por sus intereses y no los intereses particulares de terceros. No mezclen temas sociales con la agenda de los transportistas.
• Que las autoridades: Ministerio Público, Ministerio del Interior, Subprefectura de Oyón y Policía Nacional, actúen inmediatamente de oficio, protegiendo el orden y los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante la comisión de diversos delitos.

Atentamente,

Las Empresas de Transportes de Concentrado que prestan servicio a la Compañía Minera Raura S.A.