Director de Empresa Dirige, administrador concursal del Complejo Metalúrgico La Oroya dijo que si esta fracasa, se realizará otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%.
RCR, 11 de julio 2017.- Pablo Peschiera, director de la Empresa Dirige, administrador concursal del complejo metalúrgico La Oroya, manifestó hoy que tras haberse declarado el pasado jueves desierta, por falta de postores, la subasta de la fundición de cobre, zinc y plomo, se ha programado para el 17 de julio una segunda subasta y si ésta vuelve a fracasar, se realizará otra el próximo 26 de julio.
El ejecutivo en declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional explicó que para la segunda subasta se reducirá el precio en 15 por ciento, y en caso esta no tuviera éxito se pasaría a una tercera subasta en la que se reducirá otro 15 por ciento adicional.
Peschiera, dijo que en caso no se pudiera tener éxito en las dos subastas un escenario hipotético sería la prolongación de la liquidación en marcha.
“En caso de no concretarse la venta, el gobierno tendría que dictar un Decreto Supremo para que autorice la prórroga de la liquidación en marcha y ya la junta de acreedores acataría la decisión de prolongarla”, indicó.
De otro lado dijo que tienen otras alternativas, como la adjudicación de los activos a un grupo de acreedores entre los cuales estarían los trabajadores.
“Los trabajadores han mostrado el interés en esa opción y de darse ese caso se podría armar un grupo de acreedores, de inversionistas, se trabajaría en ese camino de la adjudicación como una buena opción”, explicó.
El pasado mes de junio el Ministerio de Ambiente flexibilizó los estándares ambientales para atraer inversores, que consideraban rígidas las reglas de calidad del aire y agua.
Para esta última subasta del 6 de julio ninguna de las empresas que habían comprado las bases presentó una oferta por la planta metalúrgica La Oroya y su mina de cobre, que tenían como precio base US$ 271,27 millones.
Pablo Peschiera, reiteró que ha sido un buen paso y positivo el Decreto Supremo que modifica el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aire, porque era una de las observaciones de los inversionistas para participar en las subasta.
Sin embargo dijo que aún queda pendiente la falta de definición de controversias laborales en Doe Run Perú (DRP).
Vale destacar que DRP ha acumulado una deuda de unos S/.240 millones con unos 3.300 trabajadores del complejo y la unidad minera.