Posición. Especialista Antonio Gamero señala que así como se financió la llegada del gas natural a Lima, también se debía contribuir para hacer posible el GSP. Añade que el proyecto también incluía la construcción y operación de Zona de Seguridad Energética.

Así como todos los peruanos contribuyeron, a través de sus recibos de luz eléctrica, al financiamiento del Gasoducto Sur Peruano (GSP), también lo hicieron para que el gas de Camisea llegue a Lima en la década pasada.

El especialista en temas de energía, Antonio Gamero Márquez, señala que por ello es cuestionable que ciertos sectores de la capital objeten el cobro de “Afianzamiento de Seguridad Energética” para el GSP; cuando se aplicó un sistema similar para dotar de gas natural a Lima.

Cabe señalar que el miércoles 25 de enero el Gobierno suspendió el cobro que se hacía en las facturas y recibos de electricidad para el gasoducto. Aunque el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha aclarado que el cobro no fue eliminado, solo se suspendió hasta que se defina el futuro del proyecto.

MILLONARIA SUMA
Para hacer posible que el gas de Camisea llegue de Cusco a Lima, los peruanos aportaron más de 428 millones dólares desde 2003 hasta 2008, según Osinergmin.

Para el analista Antonio Gamero, la cifra sería de 475 millones de dólares. Recordó que el cobro a través de los recibos de luz se realizó como Red de Garantía Principal, establecida por el Gobierno al amparo de la Ley 27133.

Este mecanismo se usó para cubrir el déficit que iba a tener el consorcio por transportar el gas sin utilizar el ducto en toda su capacidad. “En un inicio la demanda de gas era menor (…) Por el gasoducto a Lima solo se llevaba 100 millones de pies cúbicos diarios, cuando la capacidad real era de 400 millones de pies cúbicos diarios”.

Como no había un mercado desarrollado de gas en Lima, la demanda no era suficiente para utilizar el ducto en toda su dimensión. Por eso las tarifas del transporte del hidrocarburo resultaban elevadas. Ello hubiera impedido el crecimiento del mercado; en consecuencia, el Estado decidió subsidiar ese costo, que todos los peruanos pagaron.

Según información de Osinergmin, consignada en su página web, la recaudación de la Garantía de Red Principal se hizo en dos cuentas, una de adelanto y otra de operación. El adelanto fue de 98,4 millones de dólares y se realizó antes de la operación comercial del proyecto Camisea; mientras que la operación ascendió a 330,2 millones de dólares.

“Se logró llevar el gas a Lima con la contribución que todos los peruanos hicimos en el recibo de luz (…) Eso permitió que Lima fuera la ciudad más competitiva del Perú”, señaló.

Con la llegada del gas natural a la capital, los costos de energía disminuyeron considerablemente y muchas empresas se reasentaron en Lima.

SEGURIDAD ENERGÉTICA
Ahora que el proyecto del GSP retornó a manos del Estado, debido a que el consorcio del mismo nombre, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, no consiguió los fondos necesarios para seguir con la construcción; muchos sectores objetaron el proyecto. Las críticas se deben principalmente al escándalo de corrupción que envuelve a Odebrecht.

Gamero pide no “satanizar” el gasoducto, ya que su concreción representaría el despegue del sur, al permitir el desarrollo de una industria petroquímica que generaría miles de puestos de trabajo.

Añade que el costo del proyecto de 7,328 millones de dólares no significaba solamente el GSP, sino también la construcción y operación de la llamada Zona de Seguridad Energética, que incluye todo el sector de Camisea, planta Malvinas y planta compresora de Chiquintirca.

Se trata de un ducto de redundancia desde la zona de Camisea hasta Lima para asegurar el abastecimiento ante posibles accidentes, rupturas o movimientos. Es decir, que si el ducto principal falla, el gas se seguiría enviando por el nuevo ducto. “Esa zona de seguridad no solo era para el sur, era para el gas que va a Lima, para el gas que se exporta (…) De acuerdo a los cálculos que hizo Proinversión, solamente el ducto de redundancia costaba mil millones de dólares, pero eso no se decía, vean el contrato”.

El especialista señala que con estas precisiones sobre el proyecto y lo que representa para el sur, el Gobierno tendría que seguir impulsando el gasoducto. Por ahora, el Ministerio de Energía y Minas anunció una nueva licitación en mejores condiciones.

Fuente: Diario La República