Fuente Diario Expreso
Código Penal y Código Procesal Penal permiten confiscar casetas de Rutas de Lima y Lima Expresa. Contratos nacieron de actos corruptos de Odebrecht y OAS.
Mientras dos fallos arbitrales en los últimos días han favorecido a Rutas de Lima y a Lima Expresa -por el peaje Chillón y el alza de tarifas, respectivamente-, existe la forma de ganar los procesos internacionales pendientes, los cuales cuestionan el origen corrupto de los contratos.
Ante la complicidad de las gestiones de Susana Villarán y de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima, Odebrecht y OAS habían acordado estos cobros millonarios durante décadas. En el 2016, Marcelo Odebrecht y Leao Pinheiro, dueños de las firmas corruptas, ya estaban condenados en Brasil, y transfirieron la mayoría de sus acciones para evitar decomisos durante la investigación. Esta treta no sería obstáculo para ello, gracias a múltiples leyes peruanas.
Respecto a la venta de propiedades adquiridas con base en delitos, el artículo 102 del Código Penal permite la confiscación de bienes: “El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo N° 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros”.
Gracias a esta y otras normas vigentes, el Estado Peruano aún puede ganar los arbitrajes. Si bien la Municipalidad de Lima no pudo invocarlas específicamente, el exprocurador anticorrupción Christian Salas señala que sí se pueden utilizar dentro y fuera del país.
“A esto yo diría que depende de si la persona jurídica está sujeta al proceso penal por presunto delito de corrupción, sin duda que esa imputación va a ser tomada en cuenta independientemente si había o no alguna medida coercitiva. Lo importante es que exista una imputación contra la empresa por un presunto caso de corrupción por ese contrato puntual. Si eso es así, obviamente eso va a tener un nivel de incidencia en el proceso arbitral porque allí se está debatiendo por qué se suspendió ese contrato”, indicó a EXPRESO.
DÉCADAS DE LUCRO
Recapitulemos. En su periodo 2006-2010, el entonces alcalde Castañeda Lossio firmó contrato con la brasileña OAS para que esta modernice y brinde mantenimiento a la Vía de Evitamiento. A cambio, se le autorizaba a poner casetas de peajes durante 30 años.
Ingresó entonces Villarán, quien cambió el nombre del proyecto. De Línea Amarilla pasó a llamarse Vía Parque Rímac, con obras adicionales, por un monto que pasaba los 700 millones de dólares.
Todo parecía correcto, pero entonces se detectó que la Municipalidad de Lima le estaba dando diez años más de concesión de once peajes a OAS, y además le permitía más libertad para elevar las tarifas que cobraba a los vehículos.
Actualmente, hay un ex funcionario edil condenado por corrupción por la elevación de precios: Domingo Arzubialde. La condena –para variar- no la consiguió el equipo Lava Jato, sino la Fiscalía Anticorrupción, por medio del magistrado César Zanabria.
En la sentencia de marzo del 2019, el Poder Judicial valida la imputación fiscal de que Arzubialde, como gerente de Inversión Privada con Villarán, había gestionado un aumento de tarifas en forma retroactiva, desde el 12 de noviembre de 2009, cuando esto recién debía regir desde el 31 de julio de 2013.
Se ordenó rebajar los precios, y desde enero último pasar por la Vía de Evitamiento ya no cuesta 5.70 sino 5.20 soles. Esto ha sido anulado por un reciente arbitraje.
ARMAS LEGALES
¿Cómo se podría ganar esta instancia, más allá de los argumentos de un mal cálculo? Según el exprocurador Salas, el artículo 15 del Código Procesal Penal permite la nulidad de transferencias de patrimonio ganado en forma criminal. Incluso el equipo Lava Jato podría solicitar esto al Poder Judicial.
Línea Amarilla era propiedad de OAS cuando se firmaron los contratos, el 7 de agosto de 2016 vendió todas sus acciones a la francesa Vinci Highways. Esta empresa alega que no tiene ninguna responsabilidad penal en los sobornos de su predecesora, pero esto no sería cierto.
Y es que la nueva propietaria de Lamsac ya sabía que había comprado acciones a gente que usaba la corrupción de funcionarios como modus operandi. El conocimiento público de este hecho anularía cualquier derecho de propiedad previa de los brasileños, y podría comprometer a los franceses.
Esto permitiría que la Municipalidad de Lima vuelva a tener la administración de las garitas que manejan empresas a partir de sobornos y aportes de campaña que configurarían lavado de activos.
“Transferidos o gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien”, señala el artículo 15 del CPP.
Salas considera que, más allá de si el Poder Judicial acepta o no un eventual pedido de incautación de los peajes, el solo hecho de que los fiscales comandados por Rafael Vela hagan la solicitud formal basándose en las armas legales que tienen, podría hacer que Perú gane no solo el arbitraje de Lamsac, sino también el de Rutas de Lima.
FISCALES Y PROCURADORES
“Sin duda que sí, porque la justificación del Estado para suspender o cancelar esos contratos es justamente que derivan de presuntos actos de corrupción. En proceso arbitral habría que estar a resultas de ese proceso de corrupción, a efecto de ser resuelto”, señaló a EXPRESO.
Precisó que las imputaciones contra personas jurídicas corresponde al Ministerio Público, pero que las medidas de incautación en el proceso penal corresponden a la Procuraduría Anticorrupción, o a la Procuraduría ad hoc en estos casos. Solo ellos están legitimados en tanto se hayan constituido como parte civil”, añadió.
¿A quién le correspondería hacerlo? ¿Solo a la Procuraduría Lava Jato, o a la de la Municipalidad de Lima?
“La Procuraduría de la Municipalidad no tiene nada que ver allí, porque no participa en el proceso penal por corrupción, que es donde se tendrían que plantear las imputaciones por parte de la Fiscalía, y hacer los pedidos de embargos e incautaciones por parte de la Procuraduría Anticorrupción Especializada”, vuelve a detallar Salas.
En este punto, cabe distinguir estos procesos por corrupción en la firma de contratos, de los arbitrajes que se realizaron por hechos aislados (peaje Chillón y tarifas de Línea Amarilla).
Para la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, esta y otras medidas están en evaluación, ya que –a diferencia de otras obras de Odebrecht- el proyecto Vías Nuevas de Lima aún no tiene un acuerdo de colaboración eficaz. Similar situación pasa con la concesión que ganara originalmente OAS.
“Dentro de nuestras investigaciones están las empresas Lamsac y la empresa Rutas de Lima. Esto es un plano netamente penal y de reparación civil, donde se discute estos temas con estas empresas. Entonces, en realidad la acción que pueda tener otros entes del Estado no debería afectar nuestra labor frente a estas empresas ni tampoco el entendimiento que alguna de estas compañías quisiera tener con nosotros”, afirmó.
¿Y LOS USUARIOS?
Mientras los titulares de la acción penal y los abogados del Estado aún no aplican las armas legales disponibles, Rutas de Lima y Lima Expresa volvieron con los cobros en las carreteras mencionadas. En la mayoría de casetas, los conductores tienen que hacer colas de hasta 40 minutos, lo cual demuestra que esas vías dejaron de ser rápidas en la práctica.
Cabe indicar que estos concesionarios están implementando el pago electrónico –vía internet- para agilizar el pase de vehículos, pero la gran mayoría aún se ve obligada a desperdiciar su tiempo. Esto se ha incrementado con el fin de la cuarentena.
FRUTO DE DELITO
Víctor García, regidor de Lima, señala que se pueden resolver unilateralmente las concesiones a las empresas de Lava Jato, basándose en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 27444, sobre “actos administrativos que sean consecutivos de infracción penal”, indica la norma.
MÁS CAROS
El reinicio del cobro de peajes desde el 1 de julio de Rutas de Lima incomodó a los conductores quienes nuevamente tendrán que pagar S/ 5.60 por cada trayecto que realicen. Asimismo, desde el 21 de junio último, también se reanudó la recaudación en los peajes en Vía Evitamiento y Vía Expresa Línea Amarilla con un incremento de 40 céntimos por un fallo cautelar que suspendió los efectos de la Ley 31018 por orden del Segundo Juzgado Mixto de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.
GANÓ VINCI
Tampoco olvidemos que en agosto de 2019 el alcalde Jorge Muñoz empezó un proceso de nulidad del contrato con la empresa francesa Vinci Highways por el proyecto Lima Expresa tras no lograr un acuerdo en la renegociación de la tarifa de los peajes.
Esto porque había, según dijo, “evidencias públicas irrebatibles para la justicia que confirmaban que los contratos suscritos con las dos anteriores gestiones municipales [de Susana Villarán y Luis Castañeda] estaban manchados por la corrupción”.
Pero el arbitraje en París en los hechos lo ganó Vinci: la tarifa se ajustaría a S/ 5.60 y no a S/ 5.70 como proponía la concesionaria.
