Aunque ha suscitado mucha indignación la resolución judicial que deja en libertad a Martín Vizcarra, negando el pedido de prisión preventiva que pedía el fiscal Germán Juárez, en realidad ha causado poca sorpresa. Se sabe que tiene una influencia desmedida, para decirlo amablemente, en el sistema judicial.
Cuando se convirtió en presidente, él, por supuesto, era consciente de las pillerías que había cometido cuando fue gobernador de Moquegua y un objetivo primordial de su gestión fue controlar las instituciones judiciales, precisamente para tratar de encubrir sus latrocinios. Por eso utilizó perversamente el caso llamado de los cuellos blancos, una red de corrupción, y el de Lava Jato, para intervenir el sistema judicial con el pretexto de reformarlo, pero con la intención de controlarlo.
Y lo logró, con el apoyo entusiasta de la coalición que lo respaldaba, que le proporcionó el soporte publicitario a través de ONG y medios de comunicación, así como de analistas, especialistas y opinólogos. Estudios de abogados le proporcionaron el sustento jurídico, guiando en la sombra a fiscales y jueces incompetentes. Políticos oportunistas y obsecuentes hicieron lo suyo.
La coalición vizcarrista se cimentaba por el interés –publicidad para los medios, consultorías y puestos estatales, etc.- y también en los objetivos políticos de sus integrantes. Uno de los principales, destruir a sus enemigos. Y hay que reconocer, tuvieron bastante éxito. Forzaron el suicidio de Alan García, decretando una prisión preventiva con muchísimo menos sustento del que tiene el pedido de la de Vizcarra. (Los fiscales consiguieron que exseguidores de García lo denunciaran apresándolos y luego liberándolos cuando obtuvieron lo que querían. Hoy una solitaria tuitera cuenta los cientos de días que han pasado sin que los colaboradores aporten las pruebas).
Demolieron a Keiko Fujimori encarcelándola en tres oportunidades acusándola de delitos inexistentes en el momento en que supuestamente se cometieron.
En suma, conociendo lo que se sabe hoy día de Vizcarra, tanto por la acusación del fiscal Juárez como por investigaciones periodísticas como la Carlos Paredes en “El perfil del Lagarto” y otras, no cabe ninguna duda que lo que hizo durante su Gobierno tuvo como propósito ocultar sus fechorías y destruir a sus adversarios para evitar que lo investiguen. Solo alguno de los cómplices y beneficiarios más descarados de Vizcarra puede sostener ahora que, sin importar lo que se sepa del truhán, hay que seguir defendiendo su maligno desempeño anterior.
La coalición vizcarrista no ha desaparecido, como quedó en evidencia la semana pasada. El tratamiento a la audiencia de Vizcarra fue lo más discreta posible, en comparación con el bullicio y la algarabía con la que trataban situaciones similares de sus adversarios, con el obvio objetivo de desacreditarlos.
Siguen respaldando comedidamente a su ex jefe, aunque ahora se juegan su existencia en el proceso electoral y apoyarán a alguien de quien puedan esperar el mantenimiento de sus prebendas.
