Por Antero Flores-Araoz

Sabemos que la perseverancia es una virtud, pero la insistencia y reincidencia en el error, pues francamente no lo es, ello simplemente es necedad, y es lo que observamos muchísimas personas, en el repetitivo propósito del Gobierno de sustituir la actual Constitución por una nueva.

Para sustentar el desaguisado se dice que la Constitución de 1993 fue elaborada por el fujimorismo y fue fruto de imposición, como consecuencia del golpe de Estado del 05 de abril de 1992. La Constitución actual fue dada por el Congreso Constituyente de 1992 llamado CCD, y en él estuvimos constituyentes de varias agrupaciones políticas, que de fujimoristas no teníamos ni tenemos nada.  Esa Constitución fue fruto de amplios consensos, en que también participaron partidos de izquierda y se lograron por el mérito y bonhomía de Carlos Torres y Torres Lara, que supo hilvanarlos. Ello no significa que no se tengan observaciones ni que ella sea perfecta, pues no hay obra humana que lo sea.

La Constitución de 1993 no fue en modo alguna impuesta, ella fue la salida al entrampamiento existente por el Gobierno de Alberto Fujimori, legítimamente elegido en 1990 pero que tornó en falto de legitimidad con su auto golpe.  Para salir de tal situación se convino, con la bisagra de la OEA en su Asamblea realizada en Nassau el 18 de mayo de 1992, convocar al CCD, que además de función constituyente sería también Congreso ordinario. No me lo han contado, el autor de esta nota representó a la oposición política peruana en la mencionada Asamblea.

Días atrás, en la presentación de cartas credenciales de nueve nuevos embajadores concurrentes de repúblicas amigas, el Presidente peruano afirmó que el Perú es un “ …. destino seguro para las inversiones…”, agregando que se “ … respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de Derecho ….” resaltando además que existe “la estabilidad jurídica que garantiza la Constitución”.

Si nuestra situación, gracias a la Constitución de 1993 es por lo general buena, ha permitido que el Perú sea lugar seguro para las inversiones, por lo menos hasta hace poco tiempo, que exista respeto a los emprendimientos y que contamos con un Estado de Derecho al igual que estabilidad jurídica, gracias también a la aludida Constitución, nos preguntamos -y creo que con muchísima razón- ¿para qué demonios quieren cambiarla?

Evidentemente si todo es por lo menos razonable, no se entienden las motivaciones para el cambio, salvo que los propósitos fuesen torvos, por lo que se mantienen ocultos, disfrazados y no se expanden a los cuatros vientos.  Cuando las cosas se visten de ocultismo, están tras bambalinas, por supuesto que generan resquemores, desconfianza, preocupación y todo ello a su vez hace que el país se paralice, que se dejen de estudiar futuras inversiones, que las que estén en curso se suspendan y que el país esté colgado de un hilo, lo que es absolutamente inaceptable

¡Dios quiera que lo entiendan!