La variante delta es la predominante en el Perú.
El Instituto Nacional de Salud ha señalado que la variante delta del Covid-19 es predominante en el Perú y ha desplazado a las variantes lambda y gamma, cuyos casos han disminuido en las últimas semanas. Incluso que en Lima Metropolitana tiene una prevalencia mayor al 70%, y a nivel nacional es de 54%. Asimismo, que “aquellos países en que la variante delta ha sido predominante han tenido tercera y hasta cuarta ola”. También ha remarcado la importancia de la vacuna, porque la variante delta del Covid-19 “puede reducir la efectividad de la mayoría de las vacunas contra la infección”; sin embargo, “son efectivas para reducir la enfermedad severa y la muerte”. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa), en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), ha publicado que hasta el 27 de septiembre del 2021 ha aplicado 25.6 millones de dosis, y que han cumplido con la pauta de las dos dosis 10.2 millones de personas, de una meta de 28 millones. Es decir, una cobertura del 36.1%.
Por otro lado, el Colegio Médico del Perú, ha insistido en la aplicación de una tercera dosis para los servidores de salud porque, desde febrero y marzo, en que fueron vacunados, han pasado más de seis meses. Como se sabe, variados estudios científicos señalan que la capacidad inmunogénica de la vacuna empieza a caer a partir de los seis a ocho meses. En consecuencia, los servidores de salud que se encuentran expuestos al virus Covid-19, a la alta infectividad de la variante delta, ahora predominante, están en riesgo de enfermar y hasta de morir. En esta situación apremia el tiempo, porque la velocidad de la reproducción del virus y el daño que produzca está en relación inversa con el número de habitantes vacunados. A más vacunados, menos daños y menos muertes.
En ese contexto, el gobierno, además de conseguir las vacunas, debe mejorar el suministro a cada una de las regiones, distritos y comunidades. No es tarea sencilla, debido a la diversidad geográfica, económica, social y cultural. Es necesario, en primer lugar, no solo esperar que los ciudadanos acudan a los centros de vacunaciones, como los “vacunatones”, sino que también los servidores de salud acudan a vacunar casa por casa. El Minsa y las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud deben abandonar la visión estandarizada y homogénea de las poblaciones y pasar al enfoque intercultural. Desde el año 1978 en que se aprobó la Declaración de Alma Ata sobre Atención Primaria de Salud, debió haberse aplicado en las políticas públicas de salud el requisito de la aceptabilidad por parte de las poblaciones, así como su más amplia participación social; es decir, el enfoque intercultural y la “pertinencia cultural”.
Existe la tendencia equivocada a creer que la pertinencia cultural, solo se debería aplicar en los territorios de donde proceden las comunidades nativas, originarias y alto andinas. En realidad debería aplicarse en todo el territorio nacional, porque las poblaciones se desplazan, migran con sus usos y costumbres. Los agentes comunitarios en salud, los promotores, los “enlaces” comunitarios, los apus, entre otros, tienen un rol muy importante. Cada una de las comunidades, incluso en Lima Metropolitana, poseen ese tipo de líderes de la salud. En tal sentido, debería aprovecharse las bondades de la Ley 30825 “que fortalece la labor de los agentes comunitarios de salud”, reglamentarla y sobre todo otorgarle financiamiento. Esta tarea es indispensable, para evitar el rechazo y promover la adhesión de la población al proceso de vacunación.
En segundo lugar, el gobierno debe reforzar la estrategia de la Atención Primaria de Salud y evitar dar por sentado que los políticos y funcionarios la comprenden. La gran mayoría de ellos cree que la Atención Primaria de Salud son las postas y centros de salud; es decir, el Primer Nivel de Atención de Salud. Si no se corrige ese error, es poco probable que las inversiones y los gastos en Atención Primaria de Salud lleguen a su destino. La posta y el centro de salud son el “punto de enlace o encuentro” con la comunidad. Y se relacionan ambos, mediante la Estrategia de Atención Primaria de Salud.
En tercer lugar, debe instituirse el concepto de servicios seguros, libres de Covid-19 o de pandemia. En ese sentido, todos los servicios que se ofrecen al ciudadano deberían tener la certeza de que están protegidos contra el Covid-19, así como de otras infecciones y noxas. De esta manera, los establecimientos de salud, las empresas ligadas al turismo, el transporte, entre muchos otros, deberían acreditar que ofertan “servicios seguros.”
En cuarto lugar, el gobierno debería utilizar con mayor rigurosidad a las ciencias, incluidas las sociales, con enfoques epidemiológicos y de riesgo en la implementación del Programa Nacional de Vacunación. La ciencia y la tecnología deben tener prioridad, frente a criterios dudosos denominados “igualitaristas” y de “justificación ética”. Al contrario de lo que se cree, no basarse en las ciencias supone faltar a la ética y a la moral.
El reto que ahora enfrenta el gobierno para luchar contra la pandemia implica avanzar en la creación y conformación de las Redes Integradas de Salud (RIS), que involucra el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud con enfoque comunitario mediante la estrategia de Atención Primaria de Salud.
