A dos años de la llegada de la Covid-19 al país.
El 5 de marzo del 2022 se han cumplido dos años desde que el gobierno anunció la detección oficial del primer caso de la Covid-19 en el Perú. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la “Pandemia Covid-19” y en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el gobierno promulgó dos normas: el Decreto de Urgencia 025-2020, con medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19; y el Decreto Supremo 008-2020-SA que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días”. El 12 de marzo, en un artículo titulado “Emergencia sanitaria y el Plan de Respuesta”(*) glosé algunos comentarios que ahora, luego de dos años, comprobamos que fueron premonitorios.
El gobierno había dado una respuesta tardía e incompleta y una falsa sensación de seguridad al país, como si el Sistema Nacional de Salud hubiera estado preparado para enfrentar la pandemia Covid-19, “sin tomar en cuenta que el país tiene dificultades para atender el dengue, la tuberculosis, la leishmaniasis, la verruga, entre otras enfermedades transmisibles, además, omitió las dificultades de las políticas públicas, como en salud y educación y el alto nivel de informalidad del que adolece nuestro país”.
El gobierno había perdido tiempo, desde enero, en que se inició el brote en Wuhan, hasta marzo, en que apareció el primer caso en el Perú, para fortalecer los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención, en aspectos esenciales como agua, desagüe, servicios higiénicos, jabón, papel toalla, guantes, mascarillas, entre otros y hasta aspectos más complejos, como las áreas de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. También, el artículo deja constancia que hubo negligencia en la creación e implementación de las Redes Integradas de Salud. E incluso, que contrario al sentido común, el gobierno había promulgado una serie de normas anti laborales, a pesar de acuerdos pactados y en contra de los reclamos laborales.
El artículo, demuestra con cifras la incomprensión de la pandemia que el gobierno de Martín Vizcarra tenía en ciernes, porque sólo asignó del Fondo de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, S/ 100 millones para el Sector Salud y S/ 165 millones para el Sector Educación. Vistas estas cifras en retrospectiva, en comparación con el enorme gasto que ha significado la lucha contra la pandemia dos años después, parecen ridículas. Además, el artículo señala que hay que “evitar la politización y el resurgimiento del racismo debido a nuestra multiplicidad de etnias y culturas, sobre todo, en un contexto de incremento de la violencia contra la mujer y del feminicidio, y de casi un 70% informalidad y escasa seguridad ciudadana”.
La reflexión dos años después, es que el gobierno y los ministros que gestionaron la lucha contra la pandemia, habían heredado, real y conceptualmente, el equivocado modelo de salud, llamado del “aseguramiento” que se centra en la atención curativa de los “daños y condiciones asegurables” de las personas. El modelo del aseguramiento mercantilista se aboca a comprar “servicios” a terceros o a aliviar los “costos variables de los pacientes” en el sector del Ministerio de Salud y en los gobiernos regionales. Ese modelo había dejado de lado, la salud pública, la salud de las poblaciones y de las colectividades, la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales de la Salud y de la Atención Primaria de Salud (APS). Es decir, el modelo del aseguramiento mercantilista había dejado abierto el flanco que dejó inerme al Perú frente a la Pandemia. Encima y como consecuencia, la capacidad resolutiva de Centros y Puestos de Salud del Primer Nivel de Atención era precaria, y por tanto, también, en las intervenciones de la Estrategia de la Atención Primaria de Salud, el gobierno, casi cerró estos establecimientos de salud.
Dos años después, luego de los sucesos de la pandemia, del fallecimiento de más de 210,000 peruanos y entre ellos, más de 560 médicos, la exministra y economista Midori de Habich, durante el período del 23 de julio del 2012 al 5 noviembre del 2014 y como propulsora de la “reforma de salud” y del modelo del aseguramiento mercantilista ha afirmado que “hay consenso en que la salud pública, la salud de las poblaciones está en el centro del escenario debido a la experiencia de la pandemia”.
Las intervenciones colectivas, deben ser reforzadas, ese es el “piso cero” de la cobertura universal. Ese concepto no estaba muy claro hasta antes de la pandemia, el concepto estaba más sesgado hacia la salud individual, ahora está muy claro que no puede haber cobertura universal sino se asegura, previamente la salud pública”. Vaya que ha tenido un aprendizaje con secuelas muy trágicas.
Sin embargo, es falso que el concepto de “salud pública” no estuviera claro antes de la pandemia. Al contrario, ese había sido el meollo de la crítica, oposición y conflicto huelguístico contra su gestión y el modelo del “aseguramiento mercantilista”. La intervención del Foro del Acuerdo Nacional del año 2015, para resolver esos conflictos, reposicionó el rol del Primer Nivel de Atención y de la Atención Primaria de Salud, tal como consta en el documento “Los objetivos de la Reforma de Salud”.
A pesar de que el nuevo gobierno del 2016, inició el proceso de conformación de Redes Integradas de Salud con enfoque comunitario y con parámetros normativos y financieros explícitos (Leyes 30526, 30885 y 30895 y los convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), sufrió un retroceso a partir del 2019, hasta la fecha, cuando los gobiernos y sus ministros retomaron y profundizaron el aseguramiento mercantilista. ¿Tantas muertes para reconocer que se equivocaron?
