El dominio y el control territorial se encuentran en poder (simbólico) de las lenguas originarias y son tierras ancestrales, cuya riqueza cultural, natural y la vida misma se encuentra en constante peligro por la intervención irracional del hombre occidental- urbano que ve al suelo rural como una renta. Son esos espacios físicos donde el estado-nación no tiene, hasta ahora, la fuerza suficiente para tener (y reclamar) el control de un territorio donde no garantiza la sostenibilidad del ciclo de vida indígena, en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo y jubilación.
Con el tiempo, las raíces ancestrales fueron fortaleciendo su originalidad al levantar las banderas de justicia y derechos humanos, que es justamente las condiciones que el estado-nación no la toma como suyos, no se involucra en sus reclamos y tampoco hace eco de sus protestas para terminar por de una vez de solucionar con sus necesidades vitales. Los múltiples y variadas actas de compromisos que se firman entre partes, asumiendo responsabilidades y tiempos, son el reflejo de palabras y actos incumplidos que los conducen, otra vez y repetidas veces, al punto de partida, al punto focal.
El jueves 9 de setiembre, en la localidad nativa de Saramurillo, donde se encuentra la Estación 1 del viejo Oleoducto Nor Peruno (ONP) tomado por las poblaciones locales para exigirle al estado-nación escuchar y cumplir con sus exigencias y demandas para la construcción de su local comunal, la implementación de su centro de salud, la construcción de local escolar, veredas y la carretera que une las localidades de Saramuro – Saramurillo fueron establecidas en el acta firmada la tarde del jueves 9, con el compromiso también que sus pedidos se materialicen en un Decreto de Urgencia que se debería publicar el sábado 11.
Hoy se publica en el diario oficial de El Peruano, la Resolución Ministerial N°207-2021- PCM creando un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal denominado
“Mesa Técnica de Desarrollo Integral para el distrito de Urarinas de la provincia y departamento de Loreto”, adjuntando un anexo con una intervención de siete
proyectos por un valor de s/33 millones en la localidad de Saramurillo conteniendo la totalidad de los pedidos formulados en el acta del jueves 9.
El estado-nación va más allá, y plantea en un periodo de 180 días tener en blanco y negro una propuesta de intervención multisectorial, incluyendo a los actores locales, para el distrito de Urarinas con sus 94 centros poblados, donde ninguno de ellos cuenta con el paquete integrado de servicios (agua, saneamiento, energía eléctrica y telefonía-internet). Sus aproximadamente 14 mil habitantes al 2021 (INEI), con su lengua originaria de Urarina y Kukamiria, tienen un ingresos promedio mensual per cápita es de s/240 (tres veces menor al distrito vecino de Trompeteros) y al 2018, el 65 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza.
La justicia y los derechos humanos que enarbolan las protestas indígenas ensayan varias soluciones integrales que no es entendida por el estado-nación, pues solamente alcanza a entender el problema (y la solución) bajo la óptica de una sola intervención multisectorial (teniendo como referencia al Plan de Cierre de Brechas) con un listado de proyectos de inversión (de los cuales cerca del 80 por ciento de ellos no tienen expedientes técnicos), incluyendo también la dotación de servicios básicos que se encuentran en la canasta de su oferta ministerial, recayendo casi todas en el ministerio de desarrollo e inclusión social. Es más de lo mismo, no están en el punto focal.
Las soluciones integrales que se deben plantear en las mesas de trabajo, pasa por dar respuesta concreta a un tema de enorme importancia: cómo se puede crear trabajo digno y formal a sus poblaciones en un territorio rico en recursos natrales y con un patrimonio cultural incalculable? Trabajo que aseguren ingresos permanentes, les proporcionen un seguro de vida y tener una vejez digna; y esto no se encuentra en un expediente técnico. Palabra de varón.
