PUBLICIDAD ESTATAL Y TRATADOS

Redacción 21 de abril del 2018 - 12:29 PM

Por Ántero Flores-Aráoz

En varias oportunidades me he referido al desatino de pretender la prohibición de publicidad del Estado en medios privados. Los argumentos fueron tanto comerciales como legales, y ahora quisiera referirme a que tal prohibición sería contraria a los instrumentos internacionales de los que el Perú es signatario y que por mandato del artículo 55 de la Constitución forman parte del derecho nacional.

Entre los tratados que habría que hacer recordar a los autores del error normativo, se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que consagra el derecho de las personas a recibir información, hecho que no se produciría de promulgarse el proyecto aprobado en el Parlamento, al impedirse a los medios privados de recibir publicidad del Estado.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fuera promovida en el ámbito de la OEA, reafirma el derecho de las personas a recibir, e incluso difundir informaciones, proscribiendo por lo demás el restringir tal derecho por vías o medios indirectos, como efectivamente lo es la prohibición de la publicidad estatal en medios privados.

A lo antes señalado podemos agregar que en la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión” aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reafirma el derecho de recibir información con igualdad de oportunidades “…por cualquier medio de comunicación, sin restricción por ningún motivo…” proscribiéndose “…la creación de obstáculos al libre flujo informativo…” al considerar que “…violan el derecho a la libertad de expresión”.  Rechaza también “…la asignación arbitraria y discriminatorio de publicidad oficial…” Más claro, ni el agua de manantial.

Adicionalmente a todo lo señalado, el 11 de marzo de 1994 se adoptó en México la “Declaración de Chapultepec” aprobada en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, siendo suscriptor de la misma el Estado Peruano, diversidad de autoridades oficiales que se han sucedido a lo largo de más de dos décadas de su vigencia, así como políticos, periodistas, gremios profesionales y laborales, entre otros.

En la “Declaración de Chapultepec” se reafirma el derecho de las personas a recibir información y las “autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público” e impedir “… la creación de obstáculos al libre flujo informativo…”

Un dato interesante y se sorprenderán nuestros lectores: varios de los actuales parlamentarios que sancionaron la prohibición de publicidad estatal en medios privados, suscribieron la Declaración de Chapultepec.  Simplemente de Ripley.

La prohibición de contratar publicidad privada por el Estado, seguramente hubiera dado motivo para que fuera dicha en ésa ocasión la famosa frase de Tayllerand: “esto es más grave que un error o un crimen. Es una estupidez”.