Por Ántero Flores-Aráoz

Por expreso mandato constitucional, todos tenemos derecho a la protección de la salud, siendo competencia del Estado determinar la política nacional de salud y conducirla en forma plural, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

La protección de la salud tiene diversas modalidades, así tenemos la salud preventiva en que son destacables las campañas de vacunación. También tenemos el cuidado de la salud y, de ser afectada, los mecanismos para su recuperación en instituciones públicas como privadas y mixtas, destacando entre las primeras el servicio que se presta en postas y hospitales del Ministerio de Salud como de EsSalud, y con la ayuda del Servicio Integral de Salud (SIS).

Entre los establecimientos privados de salud, contamos con postas médicas, policlínicos, clínicas particulares y todo ello complementado con seguros privados de salud y de accidentes personales. Es más que evidente que el sector privado contribuye a la salud de la población y en cierta medida coopera con el Estado al brindar servicios eficientes e incluso personalizados.

Dentro de los lineamientos expuestos, un sector de la salud tanto preventiva como curativa, se encuentra en la elaboración, importación, distribución y expendió de medicamentos y en general productos medicinales, por lo que es legítimo el interés del Estado en que la población pueda recibir productos farmacéuticos adecuados y en tiempo oportuno.

El interés del Estado en la salud de la población y en el suministro de medicinas, no es discrecional sino que se encuentra dentro de un marco regulador constitucional que permite la pluralidad de las prestaciones y de los agentes que las otorgan, el respeto a la iniciativa privada, la libertad de empresa, el tratamiento igualitario entre los sectores público y privados, la libre competencia, la libertad contractual al igual que la de producir y comerciar bienes y servicios, sin olvidar la defensa de los consumidores.

Por lo expuesto, llama la atención que, en el Congreso de la República, que es el palacio de las leyes, se trate de afectar el marco jurídico constitucional en lo que se refiere a las medicinas y especialidades farmacéuticas. En efecto se han presentado proyectos para terminar con el libre comercio consagrado en la Constitución y poner precios máximos a tales productos, bajo el pretexto que en el Perú son caros.

Llegó a nuestras manos un estudio hecho por una de las primeras y más serias consultoras en investigación de tipo económico y mercado, que verificó que en el Perú los precios de los productos a que nos referimos están por debajo del promedio de precios en la región.  Por ejemplo en medicamentos crónicos -24%, en agudos -17% y en genéricos -82%.

Por otro lado, el 78% de las medicinas se encuentran en las instituciones públicas, el 9% en las grandes cadenas farmacéuticas, el 11% en otras boticas y el 2% en otro tipo de instituciones privadas.  El grave problema es el desabastecimiento que se encuentra en los establecimientos del sector público.

Hay soluciones, y las trataremos en otros artículos de opinión.