En anterior columna nos hemos referido a lo que insólitamente viene sucediendo y como si ya fuese rutinario en la Administración Pública, esto es que se pide a funcionarios de carrera, es decir a profesionales en la función pública, que pongan sus cargos a disposición, lo que equivale a renuncia, para luego nombrar a sustitutos que no cuentan con mínimas condiciones y requisitos para ocupar el cargo que quedó vacante.
El autor de esta columna es de profesión abogado y al igual que como la Biblia y el Breviario son de lectura diaria obligatoria para los religiosos cristianos, en nuestro país el diario oficial “El Peruano” es de lectura diaria obligada para los abogados, y no solamente lectura diurna sino en estos tiempos tan complejos, también de lectura nocturna, pues innecesariamente, casi cotidianamente, se emiten ediciones extraordinarias de la gaceta oficial de normas legales.
En el periódico oficial podemos encontrar los nombramientos de altos, medianos y hasta de nivel menor, funcionarios públicos que están sustituyendo a los que fueron obligados a renunciar.  Con lógica uno se pregunta ¿quiénes son los sustitutos?, ¿qué experiencia tienen?, ¿cuáles son sus antecedentes?, ¿qué otros cargos han ejercido? y otras preguntas lógicas para saber a quiénes se confieren responsabilidades gubernamentales y toma de decisiones en asuntos públicos.
Cuándo se nombra por ejemplo a vice ministros, secretarios generales, directores generales, directores, sub directores de reparticiones públicas, prefectos, subprefectos, gerentes y asesores, miembros de consejos consultivos, directorios de empresas públicas, entre otros, es absolutamente legítimo que los ciudadanos que son los administrados, quieran conocer quiénes son los nombrados, la experiencia acumulada, si sus antecedentes garantizan en alguna medida el perfil y requisitos del cargo, así como idoneidad moral que en cierta forma garantice el buen comportamiento y que sus decisiones estén enmarcadas en la normatividad legal y el bien común y, no en intereses particulares, sean grupales o individuales, o que responsan a dádivas y otras “comisiones” reñidas con la moral.
Para responder a nuestras inquietudes recurrimos a cuanto medio conocido existe y ante el resultado negativo, nos vamos a Google. ¡Oh sorpresa! Google tampoco los conoce, por lo que entonces esperamos las averiguaciones y pesquisas de las unidades de investigación de los medios de prensa. El resultado que nos dan, muchísimas veces es de pánico, por cierto aterrador, ya que existen personas que en lugar de hoja de vida tienen prontuario, cuyas diversas anotaciones solo garantizarán el mal uso del poder que se les encomienda y en el mejor de los casos que fue nombrado “don nadie” o “doña ninguna”. Por supuesto hay excepciones.
Lo único bueno del tipo de nombramientos a los que nos hemos referido, es que desde el sector privado, no habrá el peligro que los jalen o seduzcan para llevárselos.  Nadie con dos dedos de frente los querrá.
Esta insólita situación tiene que variar y para ello el Defensor del Pueblo debería generar alertas, el Contralor General de la República exigir los cambio y sanciones del caso y el Congreso ejercer su función fiscalizadora.