OBRAS PARALIZADAS

Redacción 12 de enero del 2018 - 1:37 PM

Por Ántero Flores-Aráoz

Cuando decimos obras paralizadas, no nos referimos a las obras de reconstrucción en el norte del país, después del Niño Costero, pues ellas no están paradas. Ellas o no existen o caminan a paso de tortuga, y el apellido de “con cambios” agregado al nombre “reconstrucción”, no corresponde a la realidad, pues no hay cambio alguno con relación a otros procesos de reconstrucción habidos en el pasado.

En esta columna nos vamos a referir a dos caminos que deben ir paralelos, ello en relación con las investigaciones del caso Lava Jato y sus consecuencias en el Perú. Con buen criterio el Gobierno estimó que la investigación de los actos de corrupción y su posterior punición, debían tener un derrotero diferente al de la ejecución de la construcción pública en curso, es decir debían correr en cuerdas separadas.

Para lo señalado, el Gobierno dictó el Decreto de Urgencia 003-2017, que teniéndose en cuenta su carácter temporal, está por vencer y al cual en el Congreso de la República le han hecho modificaciones que el Presidente ha observado.

Aquí no se trata de enfrentamiento de poderes, ni de posiciones políticas, ni nada que se le parezca.  Aquí se trata de una realidad que hay que corregir con criterio técnico y alejado de pasiones.  El Decreto de Urgencia en cuestión, se promulgó con una visión clara de la problemática, pero que sus disposiciones no necesariamente reflejaron la necesidad de mantener caminos separados para la punición y para la ejecución de obras.

Lamentablemente, quizás por desconocimiento, las correcciones del Poder Legislativo han sido más erróneas que las del Ejecutivo, y podríamos afirmar sin equívoco, que el remiendo ha sido peor que los textos a reparar.

Lo manifestado tiene que llevar al Legislativo y al Ejecutivo, a conciliar, pero con buena actitud, recibiendo los aportes técnicos de quienes conocen la temática, a fin de que las investigaciones de actos corruptos no interfieran con la ejecución de obras y la marcha de las empresas involucradas.  La interrupción de las operaciones de las empresas concernidas y la paralización de obras, llevan como lamentable consecuencia que se pierdan puestos de trabajo de construcción civil y administrativos, así como que se rompa la cadena de pagos, existiendo miles de proveedores de bienes y servicios, así como de entidades crediticias que fueron proveedores del capital de trabajo indispensable para solventar la ejecución de las obras.

El rompimiento de la cadena de pagos es gravísimo, pues se termina perjudicando a los proveedores, que son de todo tamaño, a sus socios, a sus trabajadores y a la interminable cadena empresarial, pues quienes transfieren bienes han tenido que adquirirlos de terceros o haber comprado los insumos para su elaboración.  La cadena de perjudicados es interminable.

Todo ello debe corregirse con buen talante, en diálogo serio, alturado y de buena fe entre el Gobierno y el Parlamento.  Hay fórmulas técnicas y prácticas que se pueden adoptar, y que adicionalmente cautelen el Derecho del Estado a recibir la reparación civil a que tiene derecho por los perjuicios que la corrupción le ha generado.