Ni se lo imaginan, pues con el título de esta columna no me estoy refiriendo a alguna sanación milagrosa, tampoco a una transformación, simplemente me refiero a la Constitución.
Se preguntarán los lectores del presente artículo ¿qué tiene que ver la Constitución con los milagros o la magia? Pues bien, es lo mismo que el autor de estas líneas se pregunta, dado de que desde ciertos sectores políticos se está dale que dale con la supuesta necesidad de cambiar íntegramente la actual Constitución de 1993, por una nueva que nos permita vivir muchísimo mejor, tener garantizado empleo, salud, educación e incluso vejez con pensiones adecuadas; en buen romance casi la felicidad o el Cielo para los creyentes.
La Constitución no nos lo puede garantizar, pues ella es la Ley de leyes, la norma más importante con la que tienen que concordar todas las demás disposiciones del sistema jurídico, pero no significa que por su sola existencia se vaya a cumplir, pues ello dependerá de su obediencia por los ciudadanos, de sanas políticas públicas que se puedan implementar, de la preparación de legisladores y gobernantes de todos los niveles, así como de su buena disposición y correcto accionar.
Cierto es que una buena Constitución ayuda, como en efecto las reglas económicas de la actual nos han permitido elevar el desarrollo del país, la reducción de la pobreza, incrementar la clase media, que existan mejores servicios -aunque aún insuficientes- y, que se produzcan y consuman muchísimo más bienes y servicios. Todo esto al facilitar las inversiones que son las que sufragan tributos y generan puestos de trabajo que contribuyen al bienestar.  Si ya esto funciona con la actual Constitución no tiene sentido el prurito de su cambio.
Bueno es recordar que hay disposiciones en tratados internacionales de los que el Perú es signatario, que establecen lo que el autor de esta nota llama “cláusulas de la felicidad”, en que en el papel prácticamente se ordena que todos seamos felices.  ¿Acaso la existencia de las normas nos hace felices? Por supuesto que no.
Por si lo dudan, en la “Declaración Universal de Derechos Humanos” adoptada en 1948 (artículo 25) y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales” que data de 1966 (artículo 11), se establece el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida que le asegure, como a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. Un poquito más todos los ciudadanos en condiciones mejores que “Alicia en el país de las maravillas”.
El primero de los instrumentos internacionales mencionados va a tener tres cuartos de siglo y el segundo ya tiene más de medio siglo, ambos forman parte de nuestro sistema jurídico por mandato de la Constitución, pero pese a su significativa antigüedad no han logrado la felicidad que propician, como tampoco lo puede garantizar una nueva Constitución.