La propuesta de Sagasti para el “golpe de la calle”

La admisión de la moción de la vacancia presidencial, ocurrida el 14 de marzo del 2022 –con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención–, ha delineado con claridad los tres bloques que tienen en sus manos el destino del Perú: los que desde el Poder Ejecutivo, atizan el cierre del Congreso, los que plantean –desde el Congreso– la vacancia presidencial y los conocidos coloquialmente como “caviares”, que luego de ser separados del gobierno exigen “que se vayan todos” porque supuestamente “no representan a la ciudadanía”. Mientras que los dos primeros bloques tienen una ruta constitucional y legal, mediante requisitos y procedimientos claros y preestablecidos, para el tercer bloque no existe vía constitucional o legal. Es decir, la consigna “que se vayan todos” bien podría ser considerada como “golpista” y “vacadora”.

El mensaje del presidente, del 15 de marzo del 2022 ante el Congreso de la República, ha servido para plantear la concertación nacional y la propuesta para acudir al Foro del Acuerdo Nacional para lograr consenso. La alta votación a favor de la admisión de la moción de vacancia ha obligado al gobierno a dejar de lado una serie de propuestas inaceptables para la mayoría congresal. Sin embargo, debido a la incapacidad de un diálogo fluido –al margen de temas concretos y legislativos– entre estos dos bloques irreconciliables, el gobierno pretende ampliar el ámbito del debate más allá de los partidos políticos representados en el Congreso, con la participación de la sociedad civil, de los gremios empresariales y sindicales, entre otros. 

En ese sentido, el propio gobierno ha señalado que deslinda de la propuesta “caviar” de presentar un proyecto de ley para reformar la Constitución Política con la finalidad de acortar el periodo presidencial y congresal, que sirva para convocar a elecciones generales. Si bien es cierto que el vocero del gobierno señaló que “el presidente decidió dar una última oportunidad a las fuerzas políticas opositoras”, también es cierto que el proyecto de ley de reforma constitucional tendría que ser aprobado por el Congreso de la República y, como es obvio, el gobierno no tiene los votos.  

La iniciativa de acudir al Foro del Acuerdo Nacional se alinea con la propuesta del gobierno de buscar la concertación nacional para que sirva como válvula de escape para los participantes –frente a la creciente polarización política– y se logre acuerdos mínimos que generen estabilidad y gobernabilidad. Desde su creación, el Foro del Acuerdo Nacional ha cumplido el rol de ayudar a las fuerzas políticas a manejar sus contradicciones, evitar la polarización extrema y lograr consensos, aunque estos sean mínimos o a veces queden solo “como simples documentos”. La ruta hacia el consenso es un objetivo en sí misma, porque reemplaza al insulto por el diálogo, que es el elemento esencial para evitar la violencia política y social. 

En ese sentido, es necesario tomar en cuenta, a modo de ejemplo, la confrontación gremial en el sector salud el año 2014-2015, con huelgas de hasta 150 días, debido a la oposición contra la implementación vertical de la “reforma de salud del aseguramiento mercantilista”. El gobierno recurrió al Foro del Acuerdo Nacional que, luego de 6 meses, aprobó el documento “Los objetivos de la Reforma de Salud”, que corrige las “imposiciones” y el “mercantilismo” de esa fallida reforma. A pesar del consenso, aún el documento no ha logrado plasmar en su totalidad en normas, pero la conflictividad cesó y ahora sirve como orientación en la creación de nuevas leyes o normas. De igual modo ocurrió el 2020, frente a los cuestionamientos al gobierno por el mal manejo de la pandemia, los estragos de la economía nacional y el enunciado del “sistema unificado de salud”. Con esas experiencias parece sensato que, a partir del 26 de marzo del 2022, el gobierno recurra a este Foro. 

Sin embargo, el bloque político “que se vayan todos” intenta legalizar su propuesta mediante la recolección de 75,600 firmas para presentar un proyecto de ley que luego, mediante “marchas y luchas”, logren que el Congreso recorte su mandato y que el presidente renuncie. En ese sentido, el expresidente Sagasti ha dado el sustento ideológico y el programa; también ha señalado la estrategia, la táctica política y a los aliados externos e internos. El recojo de las firmas se convierte de esta manera en un proceso de agitación y organización, con miras a lograr “el golpe de la calle”. 

En ese contexto se ha producido, el 16 de marzo del 2022, la interpelación al ministro de Salud.  A pesar de haberse convertido en un tema secundario, demostró la existencia de dos  bloques contra uno. Y, por tanto, contrariamente a las expectativas previas, no se culminó con la censura.  En esa misma línea se produjo el cese de la Coordinadora del Programa de Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS), que administra los convenios con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por casi S/ 1190 millones. Sin embargo, la revisión de la Resolución Ministerial 217-2022/Minsa que designa a su sucesor no alude a la conformidad de los bancos con esa designación, como señalan los convenios. El Minsa debe aclarar esa omisión.  También mediante RM 207-2022/Minsa del 16 de marzo del 2022, se ha modificado el Reglamento para otorgarle absoluta discrecionalidad al director general de Personal del Ministerio de Salud para designar a su representante alterno ante el Comité Central del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), y se ha excluido al director de Planificación de Personal del Minsa, cuya presencia es indispensable para la distribución justa y equitativa de profesionales a nivel nacional.