Pandemia sigue golpeando a los trabajadores del sector Salud.
La expectativa por la designación de los nuevos ministros ha sido grande. Los sectores empresariales y la mayoría de los partidos políticos esperaban el abandono de las banderas de la campaña electoral de la primera vuelta y que existiera una hoja de ruta que encauce al gobierno en la previsibilidad y la confianza. En ese sentido, las diversas fuerzas políticas autodenominadas como progresistas, “socialistas liberales” y otros similares, se habían ubicado en el centro del espectro político con la finalidad de ofrecerse para ocupar los cargos. El saliente ministro de Salud estaba en esa posición. Sin embargo, el presidente ha decidido mantenerse firme en sus propuestas electorales y cumplir con las expectativas laborales y sociales. Los ministros designados, al margen de sus cualidades personales, representan la expresión política de esas propuestas. Para los partidarios del gobierno, las “denuncias” de la prensa son los méritos para lograr los cargos. La lucha por el relato de la valoración moral implicará el desenvolvimiento del gobierno y del futuro del país.
Las expectativas laborales frustradas de los médicos, profesionales y servidores del sector salud, son un claro ejemplo. La pandemia ha golpeado a los trabajadores del sector Salud. El costo en enfermedad y vidas humanas ha sido cuantioso, solo en la profesión médica, fallecieron cerca de 500. Sin embargo, los gobiernos del expresidente Vizcarra y Sagasti les dieron la espalda. Solo basta recordar que el Congreso aprobó, el 4 de agosto del 2020, por insistencia, la Ley 31039, denominada, “Ley de ascenso automático en el escalafón, el cambio del grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliar existenciales y personal administrativo de la salud”. Esta Ley 31039, desde el punto de vista de la jerga de la técnica legislativa, ha sido calificada como ley “autobús”, porque incluyó una serie de aspectos laborales, que bien podrían haberse tratado con leyes diferenciadas, para evitar, que con un mínimo pretexto el Ejecutivo la observe y, en caso de ser aprobada por insistencia, sea remitida al Tribunal Constitucional, tal como ha ocurrido. Además, el 17 de diciembre del 2020, fue declarada inconstitucional. No se debería pasar por alto las deficiencias técnicas del dictamen aprobado por la Comisión de Salud del Congreso, pero tampoco es pretexto para justificar la acción anti laboral del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se ha incumplido con el pago de la escala salarial. El incremento salarial se había pactado en cuatro tramos. Solo se han cumplido, el primero y el segundo. Cumplir el tercer y el cuarto tramo implica más o menos S/ 2,400 millones. También es grave que a pesar de que la Ley 31084 “de presupuesto del 2021”, señala que se debería haber nombrado hasta el 40% de los contratados, hasta el 31 de marzo del 2021, el gobierno de Sagasti no lo haya hecho, a pesar de contar con el dinero. En ese sentido, no le ha quedado más remedio que prorrogar, vía el Decreto de Urgencia 069-2021, ese nombramiento hasta diciembre del 2021.
Otro aspecto que ha dejado sin solución el gobierno saliente ha sido la situación de los contratados por el régimen laboral 1057 (CAS). Aquí existen dos grupos. El primero, representado por los servidores que se encuentran incluidos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (AIRHSP), llamados formales, pero que solo cuentan con presupuesto, autorizado con el Decreto de urgencia 069-2021, solo hasta el mes de agosto. El nuevo gobierno deberá ampliar la provisión financiera hasta diciembre del 2021. El segundo grupo, representado por servidores contratados del régimen laboral 1057 (CAS) que no están incluidos en el AIRHSP del MEF. Esta irregularidad se ha dado por el incumplimiento de las normas de los funcionarios anteriores. La gestión saliente les ha pagado con transferencias internas del Minsa; sin embargo, deben entrar en el Aplicativo Informático del MEF (AIRHSP) y luego aprovisionar el financiamiento hasta diciembre, en modo idéntico con los demás CAS.
Las deficiencias de la reforma salarial realizada en el lustro humalista se expresan también en el incumplimiento del pago de las bonificaciones (bonos). La existencia de estos bonos desmotiva y se presta a abusos. Por ejemplo, el bono de especialista solo se paga en función de la caja del Minsa, a pesar de que los médicos poseen su título de especialistas y desempeñan la función. Igual suerte corren los demás bonos, incluido el Bono Covid. Hay bonos que están en el Decreto Legislativo 1153 que ni siquiera se pagan, y por tanto pierden su finalidad. Como el bono por ubicación de los puestos en la administración pública, los de jefaturas, los dedicación exclusiva, por laborar en zona alejada, de frontera y zona de emergencia, de atención primaria, de atención especializada y atención de servicios críticos.
El gobierno ha hecho caso omiso a normas laborales importantes; por un lado, se necesita reglamentar el artículo 40 de la Constitución Política, que autoriza la doble percepción de haberes de los servidores de salud por emergencia. Por otro lado, se necesita reglamentar la Ley 31210 que autoriza el trabajo de los médicos hasta los 75 años. Asimismo, corregir las falencias del DL 1154, de los Servicios Complementarios, mediante la eliminación de la exigencia del convenio previo y mejorar su priorización y financiamiento. Luego de una gestión antilaboral, se hereda expectativas y reclamos. El nuevo ministro tiene una ardua tarea.
