Implicancias de las recientes declaraciones del presidente Sagasti.

La prensa del 8 de abril del 2021 ha dado cuenta de unas declaraciones del presidente Sagasti en pleno proceso electoral, que en su momento no han sido ponderadas como intromisión y abandono de la neutralidad a la que está obligado por mandato constitucional. Las declaraciones fueron vertidas luego de visitar el Hospital Dos de Mayo, que había concluido la renovación de su centro quirúrgico. Tres ideas fuerza con neto contenido electoral sirvieron de base para su reflexión: La primera, “la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. El crecimiento económico no se ha aprovechado para invertir en el Sistema de Salud, que está muy débil y fragmentado”. La segunda, “quiero expresar una disculpa a las personas que han perdido un ser querido o a un conocido en esta pandemia”. Y la tercera, “quiero aprovechar para pedir a los partidos que firmen un pacto para la mejora de la salud pública”. 

El cuestionamiento al Estado es claro y directo. Sin embargo, hay que señalar que quien conduce los destinos del país es el gobierno. En consecuencia, parece obvio que la aseveración debería haberse dirigido contra los gobernantes, con inclusión de él mismo. Echarle la culpa al Estado implica un mensaje ideológico muy profundo y eficaz: es necesario cambiar el Estado y, por qué no, refundarlo. Además, al agregar que “el crecimiento económico no se ha aprovechado para invertir en el Sistema de Salud, “que está muy débil y fragmentado” introduce la obligatoriedad de modificar el régimen económico del país. De esta manera, transfiere la responsabilidad por la ineficacia de los gobiernos anteriores a las supuestas falencias de la organización, funcionamiento y a la estructura del Estado. 

En ese contexto, poco importa que al inicio de la pandemia del Covid-19 el gobierno del expresidente Martín Vizcarra no haya priorizado una inversión cuantiosa en salud y, al contrario, haya preferido transferir dinero, en modo directo, a la población y a las empresas, para sostener el ineficaz confinamiento de todos los peruanos. Tampoco ha importado que haya optado por el enfoque hospitalario, militar y policial para enfrentar la pandemia; es decir, que el gobierno se haya replegado solo a la atención en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para enfocarse en los enfermos graves y para abocarse a las medidas de cuarentena con severa vigilancia militar y policial, que contenía severas sanciones, incluidas las penales. 

Aunque parezca increíble, el gobierno abandonó el enfoque comunitario y cerró casi por completo, en lugar de fortalecer, las postas y los centros de salud del Primer Nivel de Atención. Con ello impidió abrir paso a la más amplia participación social e intersectorial, con adecuada comunicación, información y educación sobre hechos concretos, basados en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, en el nivel local, para promover nuevos estilos de vida saludables para enfrentar la pandemia. Además equivocadamente utilizó las pruebas serológicas, en lugar de las moleculares, de tal manera que impidió realizar el diagnóstico precoz de los infectados y el rastreo de los contactos, bajo criterios de riesgo. En consecuencia, no había forma de cortar la transmisión del virus, de prevenir, de realizar el seguimiento epidemiológico oportuno, y la vigilancia sanitaria que orienten en la toma de decisiones para los aislamientos focalizados y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. Tampoco se preocuparon por resolver la brecha de necesidades en recursos humanos, e inclusive, incumplieron las deudas provenientes de la escala salarial remunerativa y otros acuerdos sustentados en sendas actas. Los gobiernos de Vizcarra y Sagasti pasaron por alto un adagio basado en la evidencia científica, que señala que las epidemias y las pandemias se ganan en la comunidad con la más amplia participación de la propia población. 

Las disculpas que ha ofrecido el presidente Sagasti, a nombre del Estado, a los deudos y a los afectados por la pandemia representan una reafirmación de la imposibilidad de corregir las cosas y, por tanto, de su inocencia. Pero al mismo tiempo, son una evidencia que justifica la necesidad de realizar cambios profundos y radicales en la estructura del Estado. Las disculpas, en medio de la campaña electoral no han sido inocuas, porque buscaban desbrozar el rumbo para los candidatos que promueven la reforma o el cambio constitucional. Luego de explicar su diagnóstico, que lo exculpa, propone, como si fuera un competidor dentro del proceso electoral, que los partidos políticos firmen un pacto para la mejora de la salud pública. La propuesta que, con toda legitimidad, pudo haber sido hecha por alguna organización de la sociedad civil (ONG), por los colegios profesionales, por los gremios empresariales o sindicales, entre otros, fue suplantada por el presidente Sagasti.

En ese sentido, el gobierno ha puesto la agenda del debate electoral al alinear, como nexo de causa y efecto, al Estado fallido con el sufrimiento de la gente por la pandemia. En ese sentido, no cabe otra receta que no sea la reforma o el cambio constitucional, con modificaciones del régimen económico. La agenda de la salud y de la pandemia, una vez más, ha sido aprovechada con fines electorales. El 70% de la población que no se siente representada por los extremos tiene el derecho de consensuar y decidir sin presiones. ¡Alto a la interferencia del gobierno!