Por: Miguel Angel Ibarra, Politólogo.

Entre la cantidad y la calidad de la producción legislativa.

Un refrán originario de España y muy popular en toda América Latina reza, “En casa de herrero cuchillo de palo”, refrán que se refiere a la incongruencia de que falten determinadas cosas en lugares donde se supone, deberían abundar. El Congreso de la República es casualmente, por estos tiempos, el mejor ejemplo de aquello que se exige y no se cumple, de aquello que se presume y no se tiene, y de una improductividad amparada en la inmunidad y la autonomía. Parafraseando al gran Luis Alberto Sánchez podríamos decir que tenemos un Congreso adolescente, en donde nuestros legisladores, con honrosas excepciones, discursan frases fiscalizadoras, critican la gestión del ejecutivo y de sus ministros, pero poseen una pobre gestión que solo ve la paja en el ojo ajeno y que es incapaz de reflexionar y enmendar sus errores. Es decir, tenemos una gran cámara de diputados, sin un senado reflexivo y experimentado. ¿Alguien ha escuchado acaso de un plan de mejora de la productividad y gestión del Congreso de la República en los últimos años, o la implementación del Estatuto Parlamentario aprobado en el 2016?. El Congreso de la República es la única entidad pública que no está dentro el ámbito de acción SERVIR, para mejorar el desempeño de sus servidores públicos.

La eficiencia y la eficacia de la producción legislativa en el Perú, ha decaído en los 5 últimos años considerablemente. Los legisladores y su organización parlamentaria, no solo están dejando de observar los requisitos mínimos aplicables al diseño de una norma como son homogeneidad, completitud, unidad, coherencia e imparcialidad, sino que además están generando leyes intrusas, leyes vacías y leyes simbólicas.

Respecto a las leyes simbólicas, el Congreso de la República, aprobó, entre los años 2016 y 2021, un total de 939 Leyes, de las cuales 242 fueron de carácter declarativo, bajo la frase “ley de preferente interés nacional y necesidad pública”, asumiendo funciones que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Si tomamos en consideración el presupuesto del Congreso solo en el rubro de pago de personal y obligaciones sociales, del año 2016 a julio del 2021, estas leyes declarativas le habrían costado al país 554 millones de soles.

Otra dificultad que arrastra el Congreso peruano es el trabajo insulso, inocuo e improductivo de los representantes ante el parlamento andino quienes le han costado al país millones de soles solo para representarnos de manera casi diplomática. Cada legislador andino tuvo además de su sueldo de congresista, el pago de asesores y personal de despacho remunerado por el Congreso. ¿Por qué le pagamos un sueldo desde hace 14 años a quienes no demuestra productividad? ¿Es el parlamento andino el consuelo político o la sacada de vuelta de los que no se pueden reelegir?   

Carolina Blanco Alvarado, analiza el la función del parlatino y señala que la producción normativa de este, no cumple con las características básicas para que se predique su eficacia, esto es: No tiene la virtud, fuerza o idoneidad para lograr un determinado objetivo; Sus actos jurídicos no son respetados o cumplidos efectivamente; y Se evidencia la inexistencia de sanciones por el incumplimiento de sus manifestaciones de voluntad.

Finalmente, en lo referido a la función fiscalizadora en los últimos 21 años, las comisiones investigadoras le han costado al país S/. 27′401,908.47 y las comisiones especiales S/. 42′758,217.30?. ¿Cuál es el balance positivo de este gasto si sabemos que el Congreso recomienda, pero sus decisiones no son vinculantes con las del Poder Judicial?

¿El Congreso peruano necesita un Senado reflexivo?