Por: Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, Catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC. Director de la Maestría en Tributación de la UPC

Como se recuerda, el pasado 26 de abril el Banco Mundial (BM) publicó un Informe que evalúa la situación actual de la pobreza y equidad en nuestro país, tomando como enfoque principal los estragos causados por la pandemia y por los permanentes conflictos político-sociales que se viene padeciendo.

Uno de los puntos más álgidos que toma en cuenta viene siendo la economía del país, la cual se contrajo notablemente entre el 2020 y 2021, junto al crecimiento a la pobreza, que llegó a un 30%, porcentaje que no se alcanzaba desde el 2010.

Según el referido Informe, entre las medidas que contribuirían a combatir el resurgimiento de la pobreza y los conflictos sociales causados por la desigualdad social y económica entre los peruanos, son las de adoptar algunas políticas fiscales “de alto valor”.

La más resaltante de estas políticas es disminuir de 7 a 5 UIT el umbral (“Mínimo no imponible”), bajo el cual se determinaría la obligación de pagar el Impuesto a la Renta (IR) para aquellos que generen rentas de cuarta o quinta categoría. Actualmente, recuérdese que aquellos que ganan más de S/2,887.50 al mes pagan el IR; sin embargo, el BM considera que debe ampliarse el rango de los obligados, y contemplar a aquellos que ganen desde los S/2,062.50 al mes.

Como se sabe, el Perú es un país con grandes niveles de informalidad. Este dato, sumado al hecho de que la pandemia produjo la pérdida de millones de empleos, ocasiona un panorama actual que se resume en una clara debilitación del sector formal. Así, incrementar el número de trabajadores obligados a pagar el IR, es una solución que únicamente tendría efecto teórico o en el papel, pues la historia ha demostrado que aumentar los impuestos o el rango de los mismos, -y sin un adecuado análisis técnico detrás de ello-, sólo trae consigo resultados contraproducentes (Curva de Lafer). Si aumentas los impuestos, muchos se pasarán al sector informal, se dice, no sin gran razón.

En tal sentido, en lugar de conseguir mejorar la recaudación, lo que haría esta medida sería fomentar la informalidad y causar un descontento entre aquellos que, por diversos motivos, aún mantienen un trabajo formal y que no ganan tanto en comparación a otros contribuyentes de otras categorías de renta. O sea, un resultado adverso a lo que se pretende llegar.

Curiosamente, el BM afirma que esta disposición “reduciría la informalidad”, lo cual resulta sumamente difícil de creer por los motivos previamente citados y también al recordar que, medidas menos gravosas adoptadas por el Gobierno han tenido pocos o nulos resultados en la lucha contra la informalidad.

Señores: ya aplicar las 7 UIT a todos (más eventualmente 3 UIT adicionales), es violatorio al principio de legalidad, pues puede haber alguien con gran carga de familia, e ingentes gastos; y otra persona que viva con sus padres y tenga grandes ahorros. Lo que debería permitirse es una deducción que siga el principio de “personalidad”, y que se faculte, como en otros países, que un trabajador deduzca todo lo que gasta en un año, desde el colegio, pasando por seguros, comida, medicinas, etc. No más deducciones flat o fijas. Pero en lugar de ello, se quiere bajar el umbral de la deducción…

Adicionalmente, se sugiere por el BM que el IR que grava a las rentas de alquileres (con una tasa efectiva de 5% al día de hoy,) se incremente gradualmente en función al monto a pagar por el concepto del alquiler. Esto con el propósito de “aumentar los ingresos fiscales sin perjudicar a los pobres”, según el BM. Gravar a los que perciben más por el arrendamiento de sus bienes sería poco coherente, toda vez que, en básicamente todos los casos, un alquiler alto deriva de circunstancias que escapan al arrendador, sino que lo da el mercado, como lo sería la afluencia a una locación turística u otros lugares de atracción cercanos que se construyan cerca a la propiedad arrendada (por ejemplo, la cercanía a un Mall). Gravar más no implica siempre recaudar más, como contrariamente creería alguien que se remite únicamente a un mero análisis de escritorio.

Otra recomendación, menos ruidosa, manifestada por el BM es la ya manida de “simplificar el sistema tributario actual”, en vista de los diversos regímenes que hoy coexisten y que se adoptan en base al tamaño de cada contribuyente.

Ante los ojos del BM, estos regímenes refuerzan el deseo de las empresas de continuar siendo de baja escala, o impulsan el hecho de que sean utilizados para atomizar operaciones con fines elusivos. De acuerdo al informe, la simplificación debe ser gradual y comunicada con suficiente anticipación, para que el conjunto de contribuyentes nacionales tome las medidas frente al régimen  que fuese a adoptarse.

Esta idea se encuentra lejos de ser nueva ya que como se recuerda recientemente fue puesta en debate por el Proyecto de Ley 3941-2022, mediante el cual el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso que le confiera las facultades para legislar en materia económica, y a la vez, tributaria. Sin embargo, el Congreso llegó a otorgarle dicha venia sólo para temas puntuales y relativamente poco trascendentes, dejando de lado -precisamente- el tema de la creación de un Régimen Simplificado del IR. Considerando el estado actual de los poderes del Estado, no cabe duda que esta política no se encuentra entre las prioridades legislativas, y seguramente tendrá que pasar un buen tiempo antes que veamos un Régimen más claro y simple, que sirva apropiadamente al objetivo de recaudar lo justo y en favor de todos.

El presente Informe bajo lupa incluye datos y estadísticas sobre la situación económica del país y su, aún, lenta recuperación, además de la evidente amenaza provocada por el incremento de ciudadanos que se encuentran en pobreza y que, claramente, nos debería preocupar a todos.

Empero, se desdibuja -como se ha reseñado- respecto a varias de sus recomendaciones de políticas tributarias a adoptarse.

Las explicaciones escuetas y deficientemente fundamentadas, no respaldarían los grandes objetivos que afirma podrían conseguirse. Pisemos tierra señores, y generemos decisiones que atiendan a la realidad económica de los contribuyentes en el Perú, sin recetas teóricas foráneas, para llegar así a una tributación más justa y equitativa.

¡Una tributación finalmente más humana!