Al mes de mayo de 2022, la renta petrolera generada por la producción de petróleo crudo desde los dos únicos lotes en actividad en Loreto, sumaron los us$162 millones, de los cuales el Lote 95 representa el 94 por ciento (us$152 millones) y la riqueza distribuida al distrito productor (asignaciones hasta el mes de junio) fue de us$58 mil el cual representa una renta per cápita de us$2.54/mes sobre una población de 4,587 (INEI, 2022). En el caso del Lote 67, operando en el distrito del Napo generaron una renta de us$9 millones 820 mil, y el reparto del CSCP al distrito productor fue de us$118 mil.
Las cuentas del reparto de la riqueza petrolera de los distritos productores son desiguales en exactamente el doble; y esta diferencia se vuelve más desigual si se compara con el reparto al distrito de Iquitos (capital del departamento) que no se encuentra en el mapa de influencia de ningún lote petrolero, recibió una transferencia de us$668 mil, significando un valor de 11.6 veces más al distrito productor de Puinahua, donde se genera y se reparte la riqueza de la renta petrolera.
Estas desigualdades del reparto de la riqueza petrolera, provocada por los dos indicadores de diseño (población y extensión territorial) y el enfoque inverso sobre desarrollo territorial, donde el esfuerzo de las intervenciones públicas debe darse desde adentro y desde el interior; es decir potenciando las capacidades sociales (hacer crecer el capital humano, tanto en educación como en salud) y económicos (potenciando la riqueza natural y crear infraestructura conectiva).
Estas formas del reparto y el enfoque inverso de desarrollo territorial, vienen generando, entre otros eventos, los enormes desequilibrios sociales y de infraestructura acumuladas haciendo de las desigualdades un tema de protestas y enojo colectivo expresados en distintas manifestaciones de control territorial, donde las instituciones públicas tienen gran parte de la culpa al no cumplir compromisos asumidos en las múltiples actas firmadas; aunque estas expresiones de protestas convocadas por organizaciones indígenas, muchas de ellas ahora tienen otros intereses y se están convirtiendo en un riesgo para la gobernabilidad, nos están llamando la atención que se debe corregir con urgencia el sistema de reparto de la riqueza petrolera como también el enfoque de desarrollo territorial, haciendo que las poblaciones y sus lideres locales en democracia y participativa sean los indicados de promover el desarrollo local, decidiendo por sí mismo cómo debería transformarse su territorio en los próximos años (con o sin petróleo o conviviendo con ella).
Mientras esto ocurra, por lo pronto, ya se están llevando a cabo un nuevo sistema de reparto de la riqueza petrolera en Loreto: en el Lote 192, se tiene un fondo social (FS) constituido de 0.75% sobre la producción fiscalizada y es bastante probable aumentar a un valor de 2.5% con Petroperú cuando tiene autorizado la firma del contrato y una inversión de aproximadamente us$900 millones, de los cuales us$200 millones es para restablecer la infraestructura perdida y destruida por los 27 meses en paralización. El Lote 95 tiene ya constituido un Fondo de Desarrollo de 2.5% de la producción fiscalizada de petróleo en su acta firmada del 30 de junio 2022 el mismo que se incorporara a su contrato vigente.
Los acuerdos de un Fondo económico para establecer un novedoso mecanismo en Loreto para una intervención focal y territorial es el primer paso para aplanar el terreno del siempre convulsionado circuito petrolero; faltando un segundo elemento: un nuevo sistema de reparto del CSCP.
Nota
