Los esfuerzos institucionales de aplanar el territorio para aterrizar progreso económico, bienestar social y sostenimiento ambiental, no prendieron las raíces del embalse presupuestal con el objetivo de atacar pobreza como principal enemigo público, siempre al asecho, siempre acorazado. Desde el 2000 al mes de agosto 2022, el presupuesto ejecutado para inversiones acumularon los s/ 12 mil millones en el departamento de Loreto por los tres niveles de gobierno, para ampliar el stock de capital físico existente, fortalecer la infraestructura mínima básica para que las poblaciones puedan acceder a los servicios de educación y salud, como elemento transformador de los territorios.

En el tiempo, estas condiciones elementales de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a través de inversiones para atacar pobreza, preferentemente rural, no dieron los resultados esperados, pues la pobreza no solamente sentó raíces en el territorio, también lo hizo en las personas.

La infraestructura física (inversiones) en los territorios rurales, es un clamor y necesidad colectiva presente en cada momento: sin agua segura para el consumo humano directo como agente protector para la anemia y enfermedades intestinales; el acceso a energía eléctrica, más allá de levantar palanca y energizar territorio,  es necesario para promover pequeñas iniciativas productivas basadas en la naturaleza; infraestructura en Educación y Salud para estar cerca a sus poblaciones con el equipamiento y servicios profesionales que aseguren su continuidad.

Estas infraestructuras no se encuentran disponibles en las zonas rurales en su integridad, a pesar de los esfuerzos presupuestales desplegados y las metodologías de acción implementadas para hacer posible inversiones que corresponda a las necesidades más sentidas de las poblaciones bajo el enfoque de costo/beneficio/social con presupuestos multianuales para darle continuidad a los proyectos a desarrollar. Hoy, esta metodología tiene un nuevo añadido: el BIM, es una nueva forma de hacer que los proyectos tengan un correlato de información multiactor, involucrando eficiencia, transparencia y calidad. Sacar de la pobreza a un territorio se basa fundamentalmente en la implementación de infraestructura física y focalizada para atender a sus poblaciones en el marco de un enfoque multicultural.

La pobreza de las personas se vuelve más compleja en tramitar, y no corresponde a un diseño estructural, a una maqueta para exhibir o protocolos estandarizados por implementar para su obligado cumplimiento; va más allá, y es más complejo, tanto en su diseño como en su implementación; a razón que la pobreza de las personas, de los hogares, se volvió estructural en el tiempo cuando se evalúa el ciclo de vida de las personas, comenzando por su alimentación, que no lo tiene o es escasa; y finalizando, cuando las personas ingresan a la franja de la madures y se da cuenta que no tienen una jubilación monetaria; en ambos extremos el Estado ingresa a suplir esas deficiencias, con su programa QaliWarma – Foncodes en una combinación de entrega de alimentos al margen de su dieta autóctona el mismo que genera rechazo y, al mismo tiempo, probar seguridad alimentaria en zona rural con proyectos productivos disfuncionales en territorios distantes, dispersos y multicultural; propuestas que no pasan de buenas intenciones.

El programa pensión 65 con sus 29 mil afiliados, y el programa Juntos con sus 58 mil hogares, coberturando a los 53 distritos, en la forma de sustituir empleo e ingreso formal digno, que en la zona rural no existe; tan solo se avista empleo que generan las actividades ilícitas y delictivas, como el trabajo para la producción de hoja de coca, minería aurífera aluvial y tráfico ilícito de madera y fauna silvestre. Estas formas de actuar del Estado, con sus programas y proyectos, no desata pobreza, por el contrario, los nuda con mayor presión.

La pobreza tiene dos dimensiones de ataque: la primera, se encuentra íntimamente relacionada con intervenciones de proyectos de obras en el territorio, inversiones que sean sostenibles y de alta prioridad en las necesidades de sus poblaciones; el segundo frente de ataque, es liberar de la pobreza a la persona, a los hogares sometidos al flagelo de la falta de empleo e ingresos, capaz de causar una implosión económica desde el interior y navegar hasta las ciudades en un encuentro de dos mundos, siempre distantes, siempre mezquinos por falta de objetivos concretos y decisiones intemporales.

En este 2022, las intervenciones focalizadas de los programas nacionales de electrificación rural y saneamiento rural hacen prever un perfil alentador para territorios pobres en infraestructura. En las cuencas del Napo y Curaray (donde interviene el Lote 67); en el centro poblado de Bretaña (capital del distrito de Puinahua y centro de operaciones del Lote 95); y en los centros poblados de Saramuro – Saramurillo, donde se encuentra la Estación 1 del Oleoducto Nor Peruano (ONP), por nombrar algunos cuantos, se están instalando centrales de energía fotovoltaicas por un valor de s/77 millones, previstas su culminación en el primer trimestre 2023. El programa de saneamiento rural, se encuentran en proceso constructivo un paquete de obras por un valor de s/141 millones en todo el departamento de Loreto.

Quizás el hito de mayor importancia al que se tiene que tomar en cuenta y en vigilancia permanente a partir de ahora, es lo que viene ocurriendo en el Lote 95: con el fondo de desarrollo producto de la actividad petrolera (2.5% del valor de producción, a partir de inicio de año) aceptado en la mesa de negociaciones a finales de junio último, tiene programado invertir s/28 millones hasta el 2023 por una junta administradora del fondo en fideicomiso (en un programa de intervención de inicio del fondo) para intervenir de manera rápida y con alto impacto proyectos de inversión en energía fotovoltaica, agua y saneamiento para todos los centros poblados del distrito y una plataforma itinerante en salud comunal. A finales de 2023, probablemente el distrito de Puinahua pueda desatarse del amarre de la pobreza, alcanzando la categoría de ser el único distrito petrolero de alcanzar un nivel de satisfacción poblacional con servicios públicos vitales para caminar hacia el progreso.

Sin embargo, sacar de la pobreza a las personas requiere una intervención mejor planificada: asegurar alimentación e ingesta familiar saludable es el primer elemento de arranque para elevar productividad en compañía de una buena salud comunal y educación pertinente para formar técnicos y tecnólogos en base a las potencialidades de la zona; un programa nacional-regional de construcción: el acceso al bosque para las comunidades nativas tiene que dimensionarse en el sentido de modificar el DS N°021-2015- MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Campesinas, para implementar un programa nacional-regional de construcción de chozas o viviendas dignas utilizando recursos forestales (madera y palmeras), como también para la construcción de locales escolares con diseño propio acorde con el paisaje natural utilizando recursos forestales, generando, de arranque, mano de obra local y generar valor en todo el proceso del proyecto; el encuentro de un trabajo digno y sostenible generadora de rentas familiares para ir al encuentro de una vejez digna con una pensión de recompensa del trabajo y ahorro acumulado, y dejar atrás los programas sociales que amarran pobreza.

Los desafíos se encuentran ahí, están pendientes de intervenir en un territorio siempre desafiante, siempre retador. El objetivo es desatar pobreza rural estructural y convertirlo en pobreza transitoria, sobre
todo en las personas. El Estado solo no podrá hacerlo, requiere de la compañía de sus poblaciones y de las empresas (en nuestro caso petroleras) con capacidad de gestionar desarrollo territorial para desatar pobreza estructural. Son épocas de cambio.