Los múltiples problemas pendientes y no resueltos en la instancia correspondiente y por el sector responsable, como consecuencia de los reclamos de derechos humanos y de justicia ante la presencia de actividades extractivas, están calentando el suelo rural con múltiples consecuencias que va más allá de los aspectos económicos, financieros y tributarios al aplazarse las operaciones en los campos de producción, donde confluyen recursos humanos, bienes de capital intensivo, como también insumos químicos que faciliten la transformación del recurso natural en un producto comercial, de alta demanda.
Se vienen empleando infinidad de esquemas de intervención, acompañadas de metodologías operacionales más sofisticadas que otras, para poder aplanar puentes de comunicación y de relaciones armoniosas lo suficientemente sólidas para construir un territorio de paz; sin embargo estos ideales no aterrizan en un terreno firme, volviéndose insostenible su manejo en todos los estamentos, desde el ámbito privado (de las mismas empresas para evitar su escalamiento) hasta lo público al no poder cumplir compromisos de atención de carácter multisectorial para la dotación de bienes y servicios públicos de mayor necesidad para las poblaciones.
De acuerdo al reporte mensual del mes de agosto, la Defensoría del Pueblo evidencia conflictos sociales de 196 casos a nivel nacional, ocupando el primer lugar el departamento deLoreto en el mapa de conflictos con 29casos;de los cuales,28 de ellos están considerados como activos (la más alta a nivel nacional).
Estos conflictos sociales se verán incrementadas en este último trimestre (y en cascada) y por varios frentes a nivel nacional, provocadas, principalmente por un gobierno nacional muy predecible y explícito en sus acciones equivocadas, siendo el primer factor detonador, el alza del tipo de cambio que también tiene efectos en la formación de precios en los mercado, cotizándose en el mercado cambiario a s/ 4.136 el primer día del mes de octubre, registrándose una tasa de devaluación de nuestra moneda nacional en15 por ciento en lo que va del año, frente al 8.15 porciento del 2020.Lasdeclaracionesy amenazas a la industria del gas para su nacionalización, mientras que el sector minero y petrolero transformado en rehenes de las comunidades y últimamente, de un gobierno amenazando su continuidad, explican el porqué de una convulsión social a escala mayor en los próximos meses.
Los gastos de responsabilidad social que realizan las industrias extractivas, así como también las inversiones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y las asociaciones públicos privadas (APP) no son suficientes, desde el punto de vista del Estado, para calmar la efervescencia social en términos que sean ellas, y solamente ellas, las que tienen que solucionar los conflictos sociales y construir paz social territorial. En esa visión y su distinción del conflicto, el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe) publicó el documento (sin ningún marco legal que lo ampare) LA RENTABILIDAD SOCIAL que es un conjunto o un listado de actividades (e inversiones) agrupados en siete (7) componentes que van a marcar la posibilidad de modelar empresas extractiva de alto rango, que reúne los criterios de rentabilidad social, y por lo tanto, cumple las condiciones de elegibilidad bajo los parámetros del Estado.
Que las empresas sustituyan las funciones del Estado y en los territorios concesionados, la presencia de las empresas será total, ya que serán las encargadas de construir infraestructura social y productiva, entre ellas, conexión de tecnologías asociadas a procesos productivos con arraigo local; crear empleos y mejorar los ingresos de las poblaciones bajo el principio de la no desigualdad; construir un tejido social y cultural de alta gama e inmune a la corrupción; así como un conjunto de actividades propias del Estado y sus instituciones que se mueven por las políticas generales al son de los Acuerdos Nacionales.
En el fondo, el Estado va tener que trasladarles a las empresas, no solamente responsabilidades y funciones, también directivas precisas o instructivos para crear una nueva arquitectura social, de infraestructura, cultural y tecnológica. Ingresa a este proceso esquemas para construir una arquitectura financiera y tributaria en el marco de diseñar nuevos contratos, una nueva ley orgánica de hidrocarburos y un toque a la Constitución Política del Perú. Todo es posible, pero lleva sus tiempos y sus formas. Hoy podemos creer al 100 por ciento, que el principal enemigo del Estado, es el propio Estado.
